Podemos se guardaba aún una última exigencia para dar el sí a los presupuestos de la Generalitat de 2018. Que Ximo Puig y Mónica Oltra, los líderes de PSPV y Compromís, estamparan antes de la votación celebrada ayer en les Corts su firma sobre un documento que obliga al Consell a dar explicaciones de la ejecución de las cuentas cada trimestre y a blindar las partidas que afectan a servicios fundamentales, que no podrán sufrir modificaciones si no es al alza.
"Es lo que tiene gobernar en minoría", apunta en privado un conseller, consciente de que el acuerdo es el peaje a pagar de un Consell que necesita apoyo del externo para sobrevivir. El pacto no es ni un anexo ni una ampliación del Botànic. Nada que ver. Es simplemente la plasmación escrita de que Podemos es vigía y centinela de este presupuesto y que su apoyo se mantendrá mientras estas cuentas tengan vigencia, es decir un año y siempre que el Consell cumpla con lo que recoge el documento.
La literalidad del acuerdo obliga al gobierno valenciano a hacer entendible para el ciudadano medio la ejecución presupuestaria a través del portal de transparencia de la Generalitat y al titular de Hacienda, Vicent Soler, a comparecer en las Corts a petición propia cada tres meses para detallar la marcha de los presupuestos. Podemos no quiere que las cuentas de 2018 se atasquen o tengan ejecuciones ínfimas en algunas partidas, como ha ocurrido en el último año.
Oltra defendió después que la firma es «hija» del Botànic y Puig que la diversidad "no es sinónimo de inestabilidad", pero Podemos se reservó precisamente que el acuerdo se rubricara en las Corts y no en una comisión de seguimiento del Pacte del Botànic para evidenciar que nada tiene que ver con el pacto de gobierno alcanzado en 2015 y que acabó con 20 años de gobiernos populares.
La firma sí permite al Botànic sellar la paz tras meses de desencuentros y dar imagen de cierta unidad tras un proceso de debate presupuestario que, según un alto cargo, ha hecho sudar sangre.
