El PPCV presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el decreto del Consell por el que se regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos al considerar que la norma «vulnera los derechos personales y el ordenamiento jurídico», según afirmó ayer la diputada popular María José Ferrer Sansegundo. La parlamentaria, que califica la norma de un cortapega de la existente en Cataluña, subrayó que la Conselleria de Educación no ha atendido las observaciones del Consell Jurídic Consultiu, en concreto aquellas que alertaban sobre la invasión en las relaciones privadas.
Tal como informó este diario, el decreto que entró en vigor el martes, regula que la oficina podrá requerir a empresas privadas o particulares en caso de una denuncia por vulneración de derechos lingüísticos. No se contemplan sanciones y la oficina se limita a tramitar la queja abriendo un expediente informativo.
Para la diputada es «inadmisible» que se pueda tramitar denuncias o reclamaciones sobre el uso de la lengua «en relaciones privadas» como en comercios u oficinas y explicó que una resolución administrativa en la que figure que se han vulnerado derechos lingüísticos «es reprobatorio» y vulnera los derechos personales y su libertad. Señaló que los expedientes se inscriben en un registro, por lo que habrá «un registro de valencianos buenos y valencianos malos». «Eso es estigmatizar, no es necesario», precisó.
Por su parte, el conseller de Educación, Vicent Marzà, aseguró que el PP lo único que hace es llevar a los tribunales todo aquello que le supera democrática e ideológicamente». «Sólo intenta poner palos en las ruedas para que la democracia y la soberanía del pueblo valenciano no avance», afimó el conseller Vicent Marzà.
