En poco más de un año, los municipios del área metropolitana de València han mostrado su rechazo a los tres grandes proyectos impulsados por el Ministerio de Fomento para ampliar la V-30, la V-21 y la V-31, tres de los grandes accesos al ´cap i casal´.
El Gobierno plantea que la V-30 pase de ocho a doce carriles, con un montante global de 150 millones de euros. En la fase de alegaciones, Mislata, Quart, Xirivella y Paterna rechazaron la actuación por diferentes afecciones, y considerar que se trata de una obra «obsoleta» y «sin consenso». El informe técnico de Mislata detallaba que el proyecto contenía errores en la clasificación del suelo afectado, el alto nivel de ruido que sufrirán los vecinos o la ausencia de una pasarela peatonal que cruce toda la V-30. Desde Quart, alegaron que la obra destruirá una rotonda recientemente construida en la CV-3661, así como un paso peatonal. También contiene errores en cuanto a la catalogación de parte del terreno y advierten del impacto acústico sobre zonas residenciales. Xirivella advirtió de que la ampliación elimina la entrada al municipio desde la Plaza de España, remodelada hace pocos meses, así como la afección sobre el Barrio de la Luz y Vicentica la Serrana. Por parte, Paterna reclama a Fomento la construcción de un puente de salida desde Fuente del Jarro a la V-30 para descongestionar el tráfico, y que conectara con la N-220 (carretera hacia el aeropuerto), sobre la que también se proyecta una ampliación. A su vez, planteó un enlace ferroviario pegado a la V-30, desde Vara de Quart hasta Fuente del Jarro, para la circulación de mercancías hasta el Puerto de València y el futuro Corredor Mediterráneo.
El proyecto de tercer carril de la V-21 (desde el Carraixet a la entrada a València por un importe de 30 millones de euros) también ha recibido el fuerte rechazo de Alboraia. El consistorio ya aprobó a finales de 2015 en el pleno, con el apoyo de todos los grupos, las alegaciones en contra de la actuación. Entre los principales motivos: «la destrucción de más de 55.000 metros cuadrados de huerta protegida y productiva». La obra prevé reordenar el enlace de Alboraia y Port Saplaya. Entre el patrimonio que sería destruido, figura la casa y «forn» de Barraca, una alquería que conserva en su interior un horno tradicional de 21 metros cuadrados.
El último rechazo lo protagonizan Sedaví, Catarroja, Silla y Beniparrell respecto a la ampliación de la V-31 (Pista de Silla), que contempla a los largo de diez kilómetros construir dos carriles adicionales laterales de tipo colector-distribuidor que se conectarán con el central a través de unos «transfers». Catarroja advierte que el trazado afecta a empresas asentadas en su polígono y a su huerta, además de la barrera que se creará entre el Parque Natural de l'Albufera y el municipio. Sedaví rechaza la obra porque los accesos del pueblo se concentrarán en una sola vía, incrementando el tráfico. También indica que la carretera dejará a algunos locales comerciales sin zona de parking y con la autovía en sus puertas. Silla alegará incluir en el proyecto un acceso directo al polígono de Espioca para evitar el tráfico de vehículos pesados, mientras que Beniparrell solicitará un paso aéreo y la instalación de una barrera acústica.
En cambio, Alfafar y Massanassa, ambos gobernados por el PP, sí quieren que se ejecute la ampliación, y cuanto antes. Alfafar recuerda que ya acometieron los accesos a Alfafar Parc, cuando Ikea decidió instalarse allí, atendiendo a los criterios de Fomento contemplados en ese proyecto de ampliación. Es más, el gobierno local solicitará al ministerio una indemnización mínima de seis millones si la actuación sobre la Pista de Silla no se lleva a cabo.
