La instrucción sobre las irregularidades de la Fórmula 1 saltó ayer por los aires por la falta de notificación a las defensas de los 105.000 correos requisados por la UDEF (Unidad de delincuencia económica y fiscal) de la Policía Nacional durante los registros practicados en Circuit del Motor y la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV). Los 105.000 correos requisados y analizados por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción son la piedra angular sobre la que se asienta esta nueva fase de la instrucción y que permaneció secreta durante un año (desde octubre de 2016 a septiembre de 2017).
Los 105.000 correos analizados por los investigadores son los que se intercambiaron trabajadores de Circuit del Motor, SPTCV, Presidencia de la Generalitat y varias «conselleries», además de los conocidos despachos de abogados Broseta y Garrigues para articular el entramado jurídico y administrativo que permitió a Valmor Sports organizar los cinco grandes premios de Fórmula con cargo a los presupuestos públicos que pagaron las empresas Circuit del motor y la SPTCV. Ambas llegaron a estar en quiebra técnica por la sangría que supuso la Fórmula 1 en València, según recoge la información recopilada por los investigadores.
A partir de estos correos, la UDEF elaboró un detallado informe en el que confirma el papel protagonista del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la organización de la Fórmula 1, el gran evento que no iba a costar «ni un euro» a los valencianos, en palabras de Camps, pero que sangró las arcas públicas en unos 300 millones de euros. Tras recibir este informe de la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la creación de tres piezas separadas en la causa y la imputación de dos exdirectivos de SPTCV, Belén Reyero y Nicolás Figueras.
La nueva fase de la instrucción del caso Valmor arrancaba ayer con las declaraciones de tres testigos: la exsubsecretaria de Presidencia Isabel Villalonga, el abogado Manuel Broseta y una trabajadora de la empresa de Aspar Box 55. Y debía continuar con las declaraciones de Camps, Aspar, Reyero y Figueres a finales de enero.
Al iniciarse el interrogatorio a la exsubsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga, el Fiscal Anticorrupción preguntó por unos determinados correos. Pero la declaración frenó en seco, tras las protestas de las defensas y alegar que desconocían el contenido de los correos electrónicos a los que aludía la Fiscalía. De hecho, explicaron que se había solicitado -algunas como la de Camps hasta en tres ocasiones- una copia de los 105.000 correos electrónicos requisados, sin éxito, a pesar de que ya han transcurrido tres meses desde que se levantó el secreto del sumario.
El error, según explican fuentes del proceso, estaría en que el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 2 no había facilitado, por confusión, el acceso a las defensas al disco duro de 355 gigabytes, que ya está a disposición de las partes. No obstante, fuentes de las defensas explicaron que durante la jornada de ayer no pudieron obtener una copia de los 105.000 correos requisados.
Ante la voluminosa documentación a examinar, la titular del Juzgado de Instrucción 2, Beatriz Sobremonte, decidió suspender sine die las declaraciones de los tres testigos de ayer y las de Camps, Aspar, Reyero y Figueres, previstas para el 24 y 26 de enero.
