Parece que de poco ha servido que el año pasado los contratos acabaran en el Tribunal de Cuentas. Doce meses después de la demoledora auditoría en la que la Sindicatura de Comptes denunció las distintas irregularidades de los consorcios de los hospitales generales de València y Castelló (remitidas al ente fiscalizador estatal para esclarecer si había responsabilidad), el estudio contable de ambos centros sanitarios vuelve a mostrar este año «importantes debilidades de control interno e incumplimientos de la normativa».
En el caso del hospital valenciano, el informe del Síndic de Comptes destaca que durante el ejercicio de 2016 (año analizado) se firmaron contratos sin el preceptivo expediente previo por valor de más de 107 millones de euros. Esto representa el 73,1 % de los gastos. El porcentaje mejora levemente respecto al año anterior (74,5 %), pero no en millones, ya que ya creció en casi diez (98,2 en 2015). Como en el ejercicio precedente, la mayoría corresponde a gastos de productos y suministros sanitarios y farmacológicos, que se tramitan como «pedidos directos». Este modus operandi de los gestores conlleva que «no se atiendan los principios y normas que regulan la contratación pública, a fin de asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos», señala el informe de la sindicatura.
Respecto al control del consorcio, en el que participa a un 50 % la Generalitat y a otro 50 % la Diputación de València, el documento aprobado por el Síndic mayor Vicent Cucarella apunta a una «debilidad de control interno» que aumenta «significativamente el riesgo de gestión». En concreto, hace referencia a que el Consejo de Gobierno del consorcio, que debería reunirse mensualmente según los estatutos del ente, solo lo hizo durante 2016 en dos ocasiones.
El análisis hace hincapié también en los gastos realizados sin consignación presupuestaria, es decir, que se han ido aprobando sin tener una previsión para ellos. Al cierre del ejercicio 2016 quedaron pendientes de imputación presupuestaria obligaciones por 19.020.607 euros.
Una radiografía de la fiscalidad del Hospital Provincial de Castelló deja un diagnostico muy similar. En ese caso, la cifra de gastos sin expedientes de contratación previos asciende a 20,4 millones, el 55,7 % del total de esa partida (el año pasado fueron 21,1 millones). «Especialmente importante es la infracción del principio de publicidad, puesto que gran parte de estas compras se realiza mediante fraccionamiento indebido del objeto de los contratos», señala el informe publicado el pasado día 29 de diciembre.
Con la misma periodicidad se reunieron los miembros del consejo de este consorcio (dos al año frente a las 12 estipuladas), mientras que al final del ejercicio 2016 han quedado pendientes de imputación 12,6 millones. Al cierre de 2015 fueron 8,4 los millones contratados sin cobertura presupuestaria que tuvieron que imputarse a las cuentas del año siugiente por reconocimientos extrajudiciales de créditos.
