La titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante ha dado un varapalo judicial a la Diputación de Alicante al tumbar de forma provisional la ayuda «a dedo» concedida por el presidente César Sánchez (PP) al pueblo de uno de sus vicepresidentes con lo que se pone en cuestión el sistema de reparto de subvenciones directas que venía utilizado el PP.

Se trata de un proyecto en la localidad de Busot -donde es alcalde el vicepresidente tercero de la institución provincial, Alejandro Morant- para la construcción de un polideportivo municipal por casi 800.000 euros, una obra financiada al cien por cien por la Diputación de Alicante y que el regidor aspiraba a tener adelantada a las puertas de las elecciones de 2019 pero que ahora, sin embargo, queda bloqueada a la espera de la resolución definitica de los tribunales.

Se trata de la primera vez que un juzgado pone trabas a una subvención «a dedo» de la Diputación de Alicante después de que el grupo de Compromís en la institución provincial llevara a los tribunales un presunto agravio comparativo respecto a los otros municipios de la provincia al haberse concedido la ayuda sin justificar la urgencia y necesidad de la obra pese a su cuantía. Y además con un rasero distinto al aplicado a otros pueblos, a los que hace pagar un porcentaje de la ejecución del proyecto, según el escrito que presentó la coalición en el juzgado para solicitar la suspensión cautelar de la subvención.

Sin embargo, la juez no entra en el fondo de asunto y se limita a paralizar la tramitación del proyecto para evitar que se pueda dar la circunstancia de anular por sentencia la subvención para un edificio ya levantado. El cuestionamiento de fondo, eso sí, llega a un juzgado, donde por primera vez se abordará desde los tribunales una ayuda pública «a dedo» de la diputación.

Este revés judicial pone en el ojo del huracán el reparto de las ayudas nominativas de la corporación de Alicante, conocidas popularmente como ayudas «a dedo» al ser directas y no pasar por un procedimiento de concurrencia pública. Se trata de un sistema aceptado por una institución históricamente bipartidista en la que solo el PSPV se quejó hace década y media por las cuantías de los planes de cooperación.