«Debería ser Puig quien lleve esto a fiscalía, como hacía cuando gobernábamos nosotros». El portavoz de sanidad del PP en las Corts José Juan Zaplana arremetió ayer contra los contratos de los consorcios de los hospitales de València y Castelló, que facturaron 127 millones a distintas empresas para adquirir material santiario y farmacéutico sin emitir expediente previo, como revela la auditoría de la Sindicatura de Comptes.

En este sentido, Zaplana anunció que han pedido toda la documentación referente a estos contratos y que previsiblemente los llevarán ante el ministerio público por si se hubiera incurrido en alguna irregularidad contable que pudiera derivar en distintas responsabilidades. Pero no fue solo el asunto de los consorcios contra el que cargó el portavoz popular en su extensa comparecencia en las Corts. Sin duda, la formación liderada por Isabel Bonig ha situado en el disparadero para comenzar este año a la conselleria que dirige Carmen Montón, con la que Zaplana fue especialmente duro ayer. «Debería haber sido destituida hace tiempo».

La acusó de «anteponer sus caprichos y su promoción personal y política» a los intereses de los ciudadanos, poniendo «en peligro la salud de los valencianos». El diputado alertó del «caos» en el servicio de ambulancias, que a partir de la semana que viene no podrán viajar con médicos a bordo, aseguró. También mencionó la gestión del IVO, «la vergüenza" de 2017». Criticó que la consellera haya usado bases de datos e información de los historiales para la imposición ideológica llamando a pacientes para convencer dónde tienen que ir a tratarse. «¿Dónde está la libertad? Esto es un régimen castrista», lamentó el diputado.

Respecto a las listas de espera auguró que «no se va a bajar a 100 días» y aseguró que lo que se está haciendo «son trampas, es colapsar las pruebas previas para que lleguen menos pacientes a quirófano».