Ahora sí, ahora no. El Gobierno atiende las sentencias del Tribunal Constitucional con ánimo intermitente. Una prueba evidente es la orden que establece los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y que gravan los recibos de cada uno de los contratos de gas. La orden, publicada el 27 de diciembre, mantiene viva una aportación de 6,5 millones de euros durante 2018 a la empresa Escal UGS, promotora del fallido proyecto Castor, para cubrir «los derechos de cobro reconocidos» a la sociedad como compensación por haber tenido que renunciar al uso del almacén de gas submarino ante los riesgos geológicos que entrañaba la efectiva inyección de gas.

Un interés del 4,27 %

Cada recibo de gas carga con una cantidad próxima a los dos euros el coste total del suministro y el servicio para cubrir esa compensación que, de hecho, Escal UGS ya cobró en su día. Y estaba previsto sostener esa carga durante tres décadas para cubrir el conjunto de la compensación que adelantaron el Banco Santander, Bankia y Caixabanc a cambio de un jugoso interés del 4,27 %.

Castor es ahora propiedad de Enagas, cuyos técnicos se encargan de mantener en estado de hibernación el almacén submarino, cuya plataforma exterior es visible desde Vinarós, al norte de la provincia de Castellón.

Ana Edo, vicesecretaria del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló, expresó su «preocupación e indignación» ante la noticia, que anticipaba cómo el Gobierno del PP que preside Mariano Rajoy continúa repercutiendo a los usuarios del gas natural un sobrecoste de dos euros por recibo durante los próximos 30 años.

Edo aseguró que la situación resulta altamente preocupante porque lo que nos indica es que «el Gobierno de Rajoy no cumple la ley, que cuando se produce una sentencia que no le gusta, arbitra una solución urgente a la velocidad del rayo para saltarse la resolución judicial».

A Edo «le parece muy preocupante que ocurran hechos de este tipo» y que «tamaña celeridad no se dé para aliviar el sufrimiento de los ciudadanos que más sufren, sino para asegurar los ingresos de sus empresarios afectos"«, en alusión directa a Florentino Pérez, presidente de ACS, cuya sociedad controlaba dos tercios del capital de ESCAL UGS, la promotora del proyecto.

La dirigente socialista se preguntó: «¿Qué es lo que ocurre entre el Gobierno del PP y las empresas de Florentino Pérez, para que Rajoy tenga semejante empeño en el inmediato pago de una indemnización de 1.350,7 millones de euros, sin entrar a analizar con calma y profesionalidad la pertinencia de la misma?».

La pregunta de Edo corresponde literalmente al tenor de la sentencia del TC que anuló la compesación precisamente porque al ser ordenada a través de un real decreto no admitía la posibilidad de recurso.

Tras la polémica desatada por el pago de la indemnización en 2014, el Parlamento catalán, la Generalitat y más de 50 diputados del PSOE en el Congreso decidieron elevar el asunto al TC.

En su sentencia, el Alto Tribunal sí considera constitucional que se decretara la hibernación del almacén a través de un real decreto ley al concurrir razones urgentes, por el riesgo que habría supuesto no llevar el silo a esa situación ante los temblores que provocaba la inyección de gas en el depósito subterráneo.

Sin embargo, el Constitucional sostiene que no fue correcto utilizar el mismo instrumento para fijar la indemnización y proceder a su pago en 35 días. En 2014, cuando se aprobó el real decreto ley, el Partido Popular contaba con una cómoda mayoría absoluta en el Congreso de la que ahora no dispone.

Un proceso complejo

La decisión del TC aboca al proceso de compensación a lo promotores de Castor a un proceso complejo. Los consumidores ya han pagado unos 200 millones entre el 2016 y el 2017 y ESCAL UGS ya cobró los 1.350 millones de compensación reconocida desde el 2008 y liquidó su deuda. La solución no es fácil, ya que ESCAL podría tener que devolver el dinero y los bancos, que pusieron los fondos para la indemnización podrían quedarse sin cobrar, algo que se descarta. Pero otra cosa es obviar la sentencia del TC y mantener la carga a todos los usuarios, como hace el Gobierno.