La financiación autonómica marca el inicio del año político. Al menos está en el centro de la agenda del presidente de la Generalitat, que intenta elevar la presión sobre el Gobierno después de que este haya faltado al compromiso de tener en 2017 un nuevo sistema de reparto de los fondos del Estado para financiar las competencias transferidas.
La primera medida en esa línea de Ximo Puig ha sido convocar el lunes en el Palau a los grupos políticos y la sociedad civil representada en la comisión de seguimiento del acuerdo de la financiación: sindicatos, empresarios, universidades y la federación de municipios y provincias, a los que se unirán también los expertos valencianos en los grupos de trabajo estatales. El objetivo es analizar los avances realizados en estos foros e intentar fijar una posición común sobre el incumplimiento del compromiso gubernamental de tener nueva financiación en 2017.
Al mismo tiempo, Presidencia ultima una ronda de contactos con otros gobiernos autonómicos de cara a coordinar actuaciones. El gobierno valenciano sopesa reclamar una nueva convocatoria de la conferencia de presidentes autonómicos. Fue este órgano hace un año el que inició el proceso de reforma de la financiación y fue durante el mismo cuando Rajoy se comprometió a un nuevo sistema antes de que acabara el año.
Puig mantiene un contacto frecuente sobre este asunto con algunas comunidades socialistas, especialmente Andalucía y Baleares. Precisamente, el ejecutivo de Francina Armengol abundó ayer en esta idea de pedir una conferencia de presidentes autonómicos. El ejecutivo de las islas quiere que aborde el anuncio del Cristóbal Montoro de reducir las aportaciones para 2018 anunciadas mientras no existan nuevos presupuestos generales del Estado y se prorroguen los de 2017.
En todo caso, los territorios solo pueden pedir la reunión. La potestad de convocar la conferencia es del ejecutivo central.
La Conselleria de Hacienda valenciana mantiene abierta asimismo una vía de diálogo con el gobierno de Murcia (PP), uno de los que, como el valenciano, sale peor parado con el reparto actual de la financiación autonómica.
«Evidentemente nosotros tenemos que tomar alguna decisión», manifestó ayer Puig en Castelló.
El jefe del Consell dijo no entender por qué ahora «se quiere introducir Cataluña como un sujeto paralizador de lo que se había hecho durante este año», según declaraciones recogidas por Europa Press.
«Lo único que queremos es que haya un sistema de financiación justo, que haya diversidad y singularidad entre los territorios, pero igualdad entre los ciudadanos, y para eso no se necesita más que voluntad política», señaló.
Puig lamentó que se vincule la aprobación de los presupuestos y la financiación de las autonomías. Es «un auténtico despropósito», afirmó. Todo esto es «más que un chantaje, es un enorme despropósito», insistió, pues lo que se está planteando es «una falta absoluta de confianza en las instituciones, y eso, en este momento político de crisis territorial, es absolutamente peligroso».
