Los barrios de acción preferente se crearon por decreto en 1988. La intención original de la norma era corregir las «carencias y contradicciones» con las que nacieron, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de los años sesenta levantó bloques para albergar a los ciudadanos que buscaban trabajo en las zonas más industrializadas del país y empezaban a generar un severo problema de chabolismo en la periferia de las grandes ciudades.
Un informe elaborado por Glòria Maria Caravantes y Ana Isabel Serrano, del Departamento de Trabajo Social de la Universitat de València, analiza la situación social en cuatro de los nueve barrios declarados de acción preferente: 613 viviendas, en Burjassot; La Coma, Paterna; Baladre, Sagunto; y Barrio del Cristo, Aldaia.
Todos se encuentran en la periferia de València, las tasas de desempleo son muy elevadas y el absentismo escolar extremo. Todos nacieron sin zonas verdes ni parques de recreo. Tres de ellos albergan una mayoría de población de etnia gitana.
La Coma es un importante núcleo latinoamericano. Baladre, en Sagunto, acoge a numerosos magrebíes. En todos ellos convive una población envejecida con un alto índice de natalidad entre mujeres muy jóvenes, incluso adolescentes. Los vecinos de La Coma y las 613 viviendas tienen un arraigado sentido de pertenencia en virtud de un poderoso entramado asociativo. Mientras que Baladre es un ámbito estigmatizado, una de las características que intentaba paliar el decreto que definió los barrios de acción preferente.
Modelos a seguir
El estudio compara las leyes de barrios de atención especial, en Cataluña, y la ley foral de Derecho a la Vivienda, en Navarra, con la norma valenciana para poner de relieve la transversalidad y profundidad de las iniciativas que definen para recuperar las áreas urbanas deterioradas. Dos posibles modelos a seguir en territorio valenciano.
La ley catalana considera ocho áreas específicas de actuación: «mejora del espacio público y dotación de espacios verdes, provisión de equipamiento para uso colectivo, incorporación de tecnologías de la información de los edificios, fomento de la eficiencia energética, equidad de género en uso del espacio urbano y los equipamientos, accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas y desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y económica del barrio».
La ley foral apunta entre sus fines «orientar las actuaciones públicas y privadas para hacer efectivo el derecho de todos a una vivienda digna y adecuada; mantener y mejorar la calidad del entorno urbano regulando los usos del suelo, dotaciones públicas y actividades comerciales, productivas y similares para promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible asegurando el acceso de los habitantes en condiciones de igualdad a los equipamientos y lugares de trabajo, cultura y ocio».
Necesidades similares
Las autoras destacan que el decreto de la Generalitat al respecto estaba «muy bien estructurado en su planteamiento y forma, si en su desarrollo hubiese sido igual de riguroso», una manera muy diplomática de sentenciar que no se ha hecho nada en los últimos treinta años por recuperar los barrios que acogen a población en riesgo de exclusión.
«Las necesidades siguen siendo muy similares» hoy que hace tres décadas, por los que sugieren redactar «un nuevo marco legislativo para establecer la responsabilidad pública de intervención de carácter especial en barrios vulnerables».
