Ricardo Costa, quien fuera el número dos del PP en la Comunitat Valenciana y mano derecha de Francisco Camps, acaba de presentar un informe pericial ante el magistrado de la Audiencia Nacional que a partir del lunes comenzará a juzgar la supuesta financiación ilegal del PP (un proceso en el que figura entre los veinte acusados) en el que no sólo se desvincula de las cuentas de la formación política sino que implica al propio partido y a antiguos compañeros como a la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, a los exdirigentes populares de Castellón Carlos Fabra y Francisco Martínez Capdevilla y al exdiputado David Serra, además de al empresario valenciano Felipe Almenar.
El informe encargado por Costa, que dimitió como diputado en enero de 2015 y se enfrenta a una petición de casi ocho años de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad, pretende determinar quién controlaba las campañas municipales, autonómicas y generales así como la contabilidad y su fiscalización.
En el documento se afirma que era «el Comité de Campaña del PP Nacional» quien controlaba «directamente» los comicios generales y municipales así como sus cuentas, que eran fiscalizadas a través del Tribunal de Cuentas. «La única competencia del PPCV son las elecciones autonómicas y tanto el control de lo que se considera gasto electoral, así como la contabilidad electoral, corresponde al administrador de campaña».
En cuando a la supuesta comisión de delitos tributarios (dos por el IVA y otros tantos por el impuesto de sociedades) sostiene el perito contratado por Costa que «se considera que colaboraron en la comisión de los indicados cuatro presuntos delitos el PP, Felipe Amenabar (presidente de Cyes), Sonia Castedo, Francisco Martínez (expresidente de la Diputación de Castellón), el exdiputado David Serra y (el exdirigente popular de Castellón) Carlos Fabra».
