La sobrecarga de trabajo de los jueces en los juzgados valencianos, que debería haber paliado la reciente puesta en marcha de cuatro nuevos órganos en Valencia y Castelló, no sólo no se ha aliviado, sino que vuelve a abrir la brecha entre la Conselleria de Justicia y el ministerio del ramo.

La consellera Gabriela Bravo lamentó ayer que el ministerio que dirige Rafael Catalá no haya provisto de jueces los cuatro juzgados que entraron en funcionamiento el pasado 2 de enero a pesar de que la aprobación en el BOE de esos órganos de nueva creación saliera publicada el 13 de octubre.

De momento, son jueces del mismo partido, con juzgado propio, los que voluntariamente han accedido a hacerse cargo, temporalmente, de los nuevos órganos.

Fuentes del departamento de Bravo indicaron que no es tolerable que esas plazas no se convocaran a tiempo para cubrir los nuevos juzgados y que ahora tengan que ser otros jueces de la misma demarcación «que ya tienen una sobrecarga insoportable de trabajo en su propio juzgado» los que deban asumir los asuntos que entren en los nuevos hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decida convocar el próximo concurso de traslados.

Las previsiones más optimistas hablan de finales de enero o principios de febrero, a lo que hay que sumarle los plazos de presentación de los aspirantes, el periodo de alegaciones, el fallo definitivo y, después, los tiempos de incorporación, que dependerán del lugar actual de destino de esos jueces. Las mismas fuentes lamentaron que «es posible que hasta marzo o abril no vengan los titulares. No es de recibo que se creen los juzgados sin juez. No tiene sentido».

Los nuevos juzgados son el 4 de Massamagrell, el 7 de Llíria, el 10 de Castelló -que se dedicará solo a Familia- y el 4 de Novelda. En el primero, será la jueza de refuerzo que ya había en Massamagrell y que concluía ahora su contrato la que asuma provisionalmente el nuevo juzgado tras prorrogar su estancia. En los otros tres casos, han sido los jueces del 1 y del 5 de Llíria, el 6 de Castelló y el 3 de Novelda los que asuman esa sobrecarga.

Y en la misma situación se encuentran los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, que se han repartido el trabajo de esos nuevos órganos. Fuentes del ministerio explicaron que «no podemos convocar una plaza hasta que el juzgado está creado. Y el último concurso de traslados se realizó en noviembre, mientras que los juzgados no han empezado a funcionar hasta enero». Sin embargo, el 13 de octubre, un mes antes del último concurso, ya se sabía que esos juzgados iban a ponerse en marcha.

Sin dinero

Fuentes del TSJ han explicado que, en cuanto la presidenta del máximo órgano judicial valenciano, Pilar de la Oliva, supo «por la publicación en el BOE» que los cuatro nuevos juzgados entrarían en funcionamiento el 31 de diciembre, acordó la prórroga de la jueza de Massamagrell e instar a los decanos de los otros tres partidos a ofrecer a los jueces compatibilizar su propio trabajo con el nuevo, a cambio de más salario.

La otra solución propuesta por de la Oliva era recurrir al plan anual de sustitución voluntaria -el ministerio afirma que esa vía no es aplicable en casos como este- o autorizar «el llamamiento de un juez sustituto».

Sin embargo, esto tampoco es viable porque el presupuesto para sustituciones fue consumido hace meses para hacer frente a las bajas de larga duración registradas en los primeros meses del año.