«Son novelas», dijo el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ante el juez Pablo Ruz sobre los informes de la Policía Nacional y el piso de seguridad que la red «criminal» tenía en la calle Martínez Campos de Madrid. Las novelas de Crespo, sin embargo, estaban basadas en hechos reales, a la vista de la última confesión del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa.
El documento contiene un párrafo de elevada importancia para el caso, según fuentes jurídicas, pese a quedar en segundo plano tras la confesión de los pagos en ´b´ del PPCV a Orange Market (la filial valenciana de Gürtel) y de la implicación de Francisco Camps como introductor de esta firma en los actos electorales populares.
En el párrafo en cuestión, Correa afirma al titular del juzgado central de lo Penal de la Audiencia Nacional, el encargado del juicio por la presunta financiación ilegal del PPCV que se inicia el lunes en Madrid: «Es cierto que cuando sospeché [que] podía estar siendo investigado pedí a un empleado (David Luis) que trasladase varias carpetas de documentación a un piso que yo alquilé en la calle del General Martínez Campos de Madrid, que luego fueron intervenidas».
El empresario encarcelado valida de esta manera el material intervenido, fundamental para la investigación, y cierra la puerta a un intento de anulación de esta documentación por otros encausados, entre ellos, los exdirigentes del PPCV Vicente Rambla, Ricardo Costa y David Serra. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de 7 años y 9 meses de cárcel.
El material incautado por la Policía Nacional en el citado piso de seguridad y asumido ahora por Correa incluye apuntes encriptados con la contabilidad opaca de la trama. Figuran hojas de cálculo que supuestamente corroboran la facturación ficticia de Gürtel con el PP nacional, el de Madrid y el de la Comunitat Valenciana, ya que recogen el «concepto real» de las facturas y el que se aplicó formalmente.
Al dar por buena esta documentación, Correa complica la situación de los exdirigentes del PPCV acusados, que quedan en situación de soledad después de que todos los empresarios procesados también llegaran acuerdos hace un año con la Fiscalía para reducir sus penas.
Empezó esa vía el constructor alicantino Enrique Ortiz junto a Alejandro Pons y José Francisco Beviá. Les siguieron Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino), Enrique Gimeno, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna, Antonio Pons y Gabriel Alberto Batalla. El acuerdo de conformidad se basaba en admitir que realizaron pagos en negro por valor de 1,2 millones de euros a Orange Market.
Tras la confesión de Correa, que busca un acuerdo de conformidad que reduzca su pena de 24 años a un máximo de nueve, pasa a ser clave la declaración de Álvaro Pérez, el Bigotes, el delegado de la trama en la C. Valenciana. En su escrito, Correa afirma que «estaba al corriente» de los pagos en ´b´ y mediante «facturas ficticias», si bien no conocía los detalles. Estos eran cosa del Bigotes, Crespo y Cándido Herrero.
De ahí, la trascendencia para Costa, Rambla y Serra de si Pérez certifica lo dicho por su superior o lo desmiente. Por otra parte, las posibilidades de que la situación judicial de Camps en este caso concreto se complique son escasas a no ser que los acusados del PPCV opten también por pactos con la Fiscalía.
