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Organismo

Antifraude pagará diez mil euros al mes pese a que hay edificios públicos sin uso

La agencia se harta tras esperar sede seis meses y se marcha de alquiler con el equipo de Llinares enfadado

Edificio junto a las Corts en el que se instala la agencia contra el fraude a razón de diez mil euros mensuales de alquiler. germán caballero

En medio año no ha sido posible que las Corts, la Generalitat o el Ayuntamiento de València cedieran un espacio público para ubicar la sede de la Agencia contra el Fraude y la Corrupción, pese a que las instituciones tienen inmuebles vacíos de sobra, centenares según una fuente parlamentaria.

Pero Antifraude, con nueve personas en plantilla de las 34 que tendrá cuando esté plenamente operativa se marcha de las Corts, donde tampoco ha sido posible encontrarle un espacio pese a que existen zonas infrautilizadas.

Se va de alquiler, con bastante malestar por parte del director, Joan Llinares, y su equipo, que desde el verano intentan poner en marcha la agencia, a la que solo se ha cedido dos pequeños despachos de las Corts. Se barajaron numerosas alternativas, incluso la antigua sede de Imelsa, pero ninguna cuajó. El 1 de febrero se instalan en un edificio de la calle Navellos, a pocos metros de las Corts, donde podrán trabajar desde el primer día ya que no serán necesarias obras de reforma.

Alquiler de un año con cláusula

Han firmado un contrato de alquiler para un año con un coste de 10.000 euros al mes, como ayer informaron Valencia Plaza y ABC. Pero el hecho de que un ente público tenga que recurrir al alquiler privado y gastar 120.000 euros al año en plena quiebra técnica de la Generalitat y con la reclamación continua al Gobierno por la infrafinanciación molesta y mucho al equipo de Llinares por la imagen que se da ante la opinión pública. Existe la sensación de que no han tenido ayuda institucional suficiente para lograr un espacio digno y que una vez se creó la agencia, las instituciones se olvidaron.

El contrato de alquiler incluye una cláusula de salvaguarda por la que se extingue la relación con la propietaria en caso de que alguna Administración les ceda un espacio público y puedan ahorrarse el alquiler, que pagarán por su autonomía funcional y su presupuesto de 2,7 millones.

«Es una vergüenza», aseguró ayer un diputado que conoce las interioridades de la agencia y que recuerda que las Corts tienen un edificio, el palacete de Trénor, donde antiguamente tenían despachos los grupos, con 99 diputados, por lo que cuesta entender que ahora no haya espacio para una entidad con nueve trabajadores que en el futuro tendrá 34.

Si no hay espacio es porque los trabajadores de la cámara se quejaron y antes que reestructurar esa parte del edificio y ubicar la agencia, Morera y su equipo prefirieron evitar un problema con la plantilla y desecharon ofrecer esa ubicación a Antifraude. Ayer culparon a la burocracia y se escudaron en que todos los inmuebles están adscritos a la Generalitat, que a su vez no pudo concretar cuantos edificios sin uso tiene el Consell.

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