Compromís denunció ayer un «nuevo chantaje» del PP a las comunidades para forzar la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2018. Si no se prorroga el impuesto de Patrimonio, la Comunitat Valenciana perderá más de 100 millones, señaló la coalición integrante del Consell.
A la congelación de los fondos de la financiación autonómica por la falta de presupuestos de 2018 anunciada por el Ministerio de Hacienda a primeros de año, el Gobierno central «suma ahora la no prórroga del impuesto de Patrimonio, que supone unos 1000 millones de recaudación destinados en las arcas autonómicas», denunció Compromís, que recogió una información divulgada ayer por el portal Vozpópuli.
En el caso valenciano, el recorte en las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación supone una disminución de 353 millones respecto a las previsiones del Estado con las que la Generalitat ya ha confeccionado los presupuestos del Consell de este año. A esa merma ahora habría que restar algo más de 140 millones si no se prorroga el impuesto sobre el Patrimonio. En concreto las cuentas de la Generalitat para 2018 prevén unos ingresos de 147 millones en concepto de este impuesto que ahora se verían comprometidos.
No obstante, fuentes gubernativas precisaron a Levante-EMV que quedan unos meses de margen aún para ver qué sucede con la citada tasa, ya que esta se devenga habitualmente en abril. «No significa nada, por tanto, que no se haya prorrogado ahora. Hay tiempo», indicaron.
No obstante, en 2017, cuando se prorrogaron los presupuestos del ejercicio anterior, el departamento de Cristóbal Montoro sí aprobó pronto el mantenimiento de la tasa en cuestión, con lo que salvó el ingreso para la comunidades.
Para Clara Ferrando, secretaria autonómica de Hacienda por Compromís, «el gobierno del PP vuelve a demostrar que su forma de hacer política es desleal. Sólo sabe utilizar el chantaje como forma de negociación política».
«Montoro lo está dejando claro. O se aprueban los presupuestos del Estado o a los valencianos y las valencianas nos recortan más de 480 millones de euros» añadió Clara Ferrando, para quien «no se puede negociar con una pistola sobre la mesa».
Por otra parte, la Generalitat mandató ayer al conseller de Hacienda, Vicent Soler, a realizar todas las actuaciones «que en la relación entre dos gobiernos se puedan» dar para reclamar al ministerio el ingreso «inmediato» en las arcas autonómicas de los 1.567 millones de euros de la liquidación de la financiación autonómica de 2016. «Todas las que puedan ser, menos lo que dijo Fabra de bajarse los pantalones, que no se lo vamos a exigir al conseller porque es feo. Todo lo demás lo va a hacer para conseguir el dinero», dijo ayer la vicepresidenta, Mónica Oltra, que resumió: «Tienen que pagarnos y punto».
