El Gobierno de España sigue buscando la paz por territorios con acuerdos a dos bandas con diferentes gobiernos autonómicos, en una especie de bilateralidad. El último acaba de firmarlo con el ejecutivo de les Islas Baleares para ampliar los beneficios fiscales por la insularidad; una reclamación histórica de los gobiernos baleares desde hace décadas pero que Montoro concede ahora.

Por contra, el Gobierno ha pisado el freno a la reforma de la financiación autonómica, como denunciaron este lunes los expertos, y la retrasa hasta el extremo pese a que el sistema de financiación de las autonomías lleva cuatro años, caducado con la Comunitat Valenciana como gran perjudicada.

En las últimas semanas de 2017, Montoro ya cerró los acuerdos fiscales con País Vasco y Navarra por la vía de la urgencia parlamentaria y se aseguró la paz en aquellos territorios para varios años y al Gobierno avanzar hacia el objetivo político de recabar el apoyo en el Congreso de los nacionalistas vascos, clave para sacar adelante los presupuestos del Estado.

Unas semanas antes, el Congreso decidió desbloquear la reforma del Estatuto de Canarias, que permitirá más dinero para las islas y que llegó a la cámara cuatro años después del valenciano, que reclama inversiones adecuadas al peso poblacional. El gesto hacia Canarias se produjo justo cuando el Gobierno necesitaba el apoyo a los presupuestos del Estado de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Mientras, la reforma del Estatut valenciano, que implica garantizar más inversiones, continúa paralizada en el Congreso.

Años atrás, el Gobierno de España ya liquidó las «deudas históricas» que reclamaban los gobiernos de Extremadura y Andalucía, algo que también reivindica la Generalitat por la infrafinanciación.

El último acuerdo del ministro Montoro con una autonomía acaba de llegar con Baleares. El titular de Hacienda ha acordado cerrar en el primer trimestre de este año el acuerdo para elaborar un nuevo régimen económico especial de Baleares (REB), de manera que el Gobierno apruebe el proyecto inmediatamente después y se tramite en el Congreso en 2018, para que entre en vigor en 2019.

El nuevo régimen especial contendrá un fondo de insularidad, compensaciones para el transporte, becas y por otros conceptos así como medidas fiscales especiales para la comunidad autónoma.

Se da la circunstancia de que ésta era una reclamación histórica de los gobiernos de las Illes Balears, que también secundaban más de 80 asociaciones cívicas. En Baleares gobierna un tripartito muy similar en su configuración al valenciano. El PSOE ostenta la presidencia con Francina Armengol, que se apoya en la gestión de gobierno en Podemos y Més, un partido econacionalista del estilo de Compromís.

El acuerdo firmado supone un gesto del ejecutivo de Rajoy hacia Baleares, que curiosamente es uno de los aliados del ejecutivo valenciano a la hora de reclamar una mejor financiación.

Mientras, desde el Ministerio de Hacienda señalaron ayer que las las consecuencias económicas del nuevo régimen especial económico de las Baleares son independientes del sistema de financiación autonómica, aunque de alguna forma, con el acuerdo, Montoro ya concede a las islas una de sus reclamaciones. La otra, la de la reforma del financiación tendrá que esperar, como en el caso valenciano.