El 17 de octubre de 2005, Álvaro Pérez, «el Bigotes», se compró una máquina de contar billetes por valor de 540 euros. A tenor de los hechos que se enjuiciarán a partir de mañana en la Audiencia Nacional, la amortizó bien amortizada. No mucho después de aquella adquisición, su nombre, así como el de Francisco Correa, Pablo Crespo y otros muchos relacionados con el Partido Popular, comenzó a leerse en titulares y a sonar en informativos, entrando a formar parte de un imaginario colectivo colapsado por la corrupción. Cuesta recordar incluso, tras el marasmo en el que se sumergen los hechos por el paso del tiempo y la avalancha de información, por qué tienen un lugar destacado en esa enciclopedia de corruptelas. Aquí un recordatorio.
El viernes 6 de febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón ordenó a la policía ejecutar dos órdenes de registro en las sedes de la empresa Orange Market. Nació judicialmente así el llamado caso Gürtel, en honor a su cabecilla, Francisco Correa (a estas alturas el lector ya sabrá que es ´gürtel´ en alemán). Durante la investigación, la macrocausa se dividió entre la rama valenciana y la madrileña, que confluirían en un mismo lugar: la caja B del Partido Popular. Con el avance de la instrucción, sin embargo, todo apunta a que la valenciana sería más bien el tronco.
Porque en los años en los que José María Aznar perdió la Moncloa y Mariano Rajoy entró en Génova, y mientras en la Comunitat Valenciana Francisco Camps ganaba elecciones con mayorías absolutas, no solo cítricos se exportaban desde la «terreta». El «mercado naranja» era otro. Pablo Crespo, número dos de Correa, encontró la puerta del líder gallego cerrada y hubo que diversificar el negocio. Así lo reconoció ante el fiscal en 2015 el propio líder de la trama. «Decido dejar de trabajar con Génova en 2004 cuando José María Aznar dimite. De forma casual pero simultánea en el tiempo, Álvaro Pérez [«el Bigotes»] conoce en un mitin a Francisco Camps con quien establece una buena relación».
Tan buena que Orange Market se hizo con la adjudicación del escaparate de Fitur de la Generalitat durante cinco ediciones seguidas, organizó la campaña electoral de 2007 y también actos para las generales de 2008, y junto a otras empresas del grupo de Correa consiguió más de 8,5 millones de las conselleries. Según la documentación de la policía, desde València se exportaron 6,1 millones a través de Orange Market a la caja B de Madrid. Mientras en la meseta el negocio estaba en la especulación urbanística, en la Comunitat Valenciana los «gurtelianos» encontraron su lugar en el mundo entre la facturación de la Generalitat y los actos del PP.
Seis piezas, cuatro juicios
La relación entre Orange Market y demás empresas y los políticos populares valencianos se divide hoy en seis piezas, que se agrupan en cuatro juicios. El que arranca mañana se encargará de la primera, la segunda y la sexta pieza, esto es, la financiación ilegal del PP en las campañas de las elecciones autonómicas de 2007, las generales de 2008, y los delitos fiscales derivados de la actividad corrupta. A principios de semana Correa apuntaba a Camps, que acudirá en calidad de testigo, como el que abrió las puertas de las arcas valencianas a esta trama. Una decena de empresarios admitió hace unos meses haber financiado al PPCV a cambio de contratas para negociar. En el banquillo, Ricardo Costa, David Serra o Vicente Rambla. Las vistas prometen no pocos titulares.
El primer juicio, el de Fitur, tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana y la sentencia se leyó el 10 de febrero de 2017. Milagrosa Martínez, exconsellera de Turismo y expresidenta de las Corts, fue condenada a nueve años prisión, al igual que la cúpula de Gürtel (con penas de hasta 13 años, como en el caso de Correa). La también exconsellera Angélica Such fue absuelta de prevaricación administrativa. El segundo juicio será este, y quedarán pendientes los referentes a las piezas 4 (visita del Papa) y 5 (contratos de la Generalitat con empresas del grupo Correa).
Mientras, el pasado 17 de noviembre de 2017 quedó visto para sentencia la primera época de Gürtel (1999-2005) de Madrid, donde testificó el presidente del Gobierno. Y no hay que olvidar que Francisco Camps se sentó en el banquillo de los acusados del TSJ por haber recibido trajes en agradecimiento a las adjudicaciones referidas anteriormente. Fue absuelto por un jurado popular, aunque la condena política aun la arrastra.
Se comienza a desenmarañar pues el ovillo de Gürtel, de cuyos primeros hilos tiró hace casi 13 años Levante-EMV. En mayo de 2005, a falta de cuatro años para que estallara la operación dirigida por Garzón, este diario ya publicaba titulares con Orange Market como sujeto. El periódico detalló entonces los vínculos de la red con paraísos fiscales, concretamente con la Isla de las Nieves o Islas Vírgenes Británicas. Tasó los contratos de la Generalitat recibidos por constructoras como Lubasa, Sedesa, Enrique Ortiz u Hormigones Martínez, que facturaban servicios ficticios que jamás prestaron para pagar los mítines del PP, e incluso la brigada de blanqueo citó al diario como fuente.
