El debate antivacunas continúa candente. No obstante, en los últimos años discierne de la tradicional polémica entre los que defienden a rajatabla la «peligrosidad» de las vacunas y los que aseguran que estas son las responsables del aumento de la esperanza de vida. Ahora también está presente entre los mismos que las apoyan. Así, el debate cambia la tesis a discutir: imponer sanciones estatales, o no, a quien se oponga a ser vacunado.

El epidemiólogo Pedro Alonso defendía ayer en Magazine, revista perteneciente al grupo Editorial Prensa Ibérica, las sanciones administrativas para las personas que conforman los movimientos antivacunas: «Creo que, como ocurre en Francia, no deberías poder ir al colegio si no estás vacunado». Y es que según el médico y máximo responsable mundial en malaria desde 2014 en la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud pública es una de las pocas áreas en que se puede infringir los derechos individuales, «porque su libertad impacta en mi seguridad».

Sin embargo, Inés Hidalgo, pediatra en Madrid, acreditada en Medicina de la Adolescencia, aseguró ayer en la primera sesión del XXIII curso de Avances en Pediatría (Avances en vacunación infantil) celebrado en València, que sancionar no debería ser una opción. Según la especialista, la obligatoriedad eliminaría la libertad de elección. Esto sería interiorizado por la población como la exclusión de su autonomía, lo que «provocaría un rechazo aún mayor». Así lo creen también Ignacio Manrique, director del curso celebrado ayer y del Instituto Valenciano de Pediatría, y David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Según ambos, no escolarizar al menor no vacunado significa castigarlo doblemente. «Tenemos que tener en cuenta que el niño no es el que tiene la última palabra, son los padres. No puedes arrancarle el futuro a un niño por la ideología de sus progenitores», lamentan.

Tanto Hidalgo, como Manrique y Moreno, aplauden la labor en Australia. El país oceánico no castiga, sino que incentiva económicamente desgravando de sus impuestos el gasto médico en aquellas familias que vacunen a sus hijos. Para los pediatras esta es una alternativa «inteligente». «En cuatro años aumentó el número de vacunados en Australia del 74 % al 95 %», indican.

También la califican como «consecuente». Según los pediatras Manrique y Moreno, cada una de las personas que rechaza una vacuna está en riesgo de padecer la enfermedad que debiera haber prevenido. En el supuesto de que finalmente el individuo enferme, supondría un aumento del gasto sanitario.

Asimismo, en el curso, la pediatra Hidalgo quiso analizar los motivos por los que parte de la sociedad (el 5 % según Moreno) continúa sin creer en la funcionalidad de las vacunas: «Las vacunas son víctimas de su propio éxito», denunciaba.

Y es que según la médica, al dejar de encontrar enfermedades como el tétanos o la tos ferina entre la población, es cuando las personas comienzan a dar más importancia a sus efectos adversos. Sin embargo, esta conducta puede acarrear que enfermedades que se pensaban erradicadas reaparezcan. Así lo explicaba también el médico Pedro Alonso. El investigador de la OMS contó a Magazine cómo un ministro de un país sudamericano le indicó que habían eliminado el sarampión del país, pero que ahora lo estaban reimportando turistas europeos que habían decidido no vacunarse.

De igual modo, Hidalgo explicaba ayer que la falta de confianza entre los adolescentes y los pediatras son otra de las principales cuestiones a tratar. «Es una edad complicada, viven el presente y se creen inmortales. Tardan 22 horas en acudir al médico tras un cuadro febril y sólo uno de cada diez tiene responsabilidad en ponerse una vacuna», asegura, por lo que recuerda la importancia del papel de los padres.

De esta forma, recomienda que los pediatras abran un «cuadro de diálogo» con ellos: es necesario no refutar falsas creencias, sino añadir nueva información, normalizar la vacunación, evitar caer en tácticas que infunden miedo y crear una atmósfera de empatía en la que compartir anécdotas y «dejar la puerta abierta», pues la especialista asegura que entre el 30 y el 60 % de los padres que previamente estaban inseguros con el tratamiento acaban aceptándolo tras ser informados.