El Consell liderado por Ximo Puig y Mónica Oltra es consciente de la relevancia de los «bous al carrer». Los cerca de 10.000 festejos que se celebraron en la Comunitat Valenciana en 2017 pesan lo suficiente como para que el Ejecutivo contradiga a las Corts, al menos a las Corts del pasado mes de diciembre que aprobaron la ley de acompañamiento de los presupuestos.

Y es que la inclinación de ese parlamento quizá ya no es la de hoy. Visto el revuelo ocasionado a cuenta de la obligatoriedad de incorporar un segundo médico en los festejos taurinos, las posturas de los diferentes grupos políticos ha variado.

El Consell, por boca del director general de la Agencia de Seguridad, José María Ángel (PSPV), tampoco quiere ahora esa norma y pide una derogación, «desde el respeto a la actividad parlamentaria», añadió a este periódico Ángel.

Una suspensión que apoya la Comisión de Asuntos Taurinos en la que está representada la Generalitat, así como médicos, veterinarios, peñistas, arquitectos y asociaciones de ganaderos, que ayer remitieron una carta a las Corts para pedir la derogación de la norma.

Así, parece que ahora todos abogan por la suspensión de esta disposición, que nació con considerable respaldo, no solo parlamentario, sino también del entorno sanitario. Primero fue el PP quien, el pasado mes de octubre, propuso a través de una Proposición No de Ley (PNL) firmada por las diputadas María Remedio Yáñez y María José Català la introducción de la figura del segundo ayudante facultativo. Más tarde la retiró.

Cogió el guante Podemos, al calor de las críticas del Colegio de Médicos de Castelló sobre la asistencia sanitaria en estos festejos, entidad que sin embargo ahora ha declarado que es «imposible» que se pueda cumplir con el precepto recogido en la disposición de la ley. Con la entrada de 2018 se han dado ya los primeros festejos, en concreto en el pueblo de Veo, en Castelló, y la comisión ve una «imposibilidad real y práctica de que se pueda aplicar».

Por parte del PSPV, fuentes consultadas explican que están «abiertos» a la derogación. «Tenemos que tener el debate. Si se ha puesto en práctica la norma y los afectados ven que no se puede aplicar, hay que hablarlo», detallaron. Compromís y Ciudadanos también se mostrarían partidarios de esta opción, la de retrasar la puesta en marcha de la disposición, a pesar de que hace apenas seis días la coalición insistió en que era necesaria la implantación del segundo facultativo.

Podemos, por su parte, mantiene la vigencia de lo votado en el parlamento valenciano. «No queremos una moratoria sine die. Mientras tanto, estamos dispuesto al plan de prioridades. Que un grupo de expertos establezca en función de la peligrosidad, no de la población, si es necesario un segundo médico o no», explica el diputado Daniel Geffner.

A estas alturas del año pasado, la Generalitat ya apostaba por regular la asistencia sanitaria. Lo cierto es que unos y otros lamentan ahora que se haya llevado adelante la norma sin un debate previo.