El Tribunal Supremo ha notificado a CC OO PV la inadmisión a trámite del recurso de casación que los sindicatos minoritarios interpusieron contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictada en mayo de 2017. Esta inadmisión vuelve a avalar que el Reglamento que desarrolla la Ley de participación institucional está ajustado a derecho.

La sentencia del TSJ desestimaba las pretensiones de los sindicatos minoritarios, confirmando que la norma autonómica se adapta a la doctrina constitucional que otorga a los sindicatos más representativos la competencia de la participación institucional y el derecho a ser compensados por el ejercicio de esta función.

“La LPI se sitúa dentro del correcto funcionamiento democrático de un país donde se trabaja desde el conjunto de sus instituciones y con el necesario apoyo de los agentes sociales y económicos”, subraya Arturo León. Asimismo, CCOO PV anuncia una ronda entrevistas con los grupos parlamentarios a fin de trasladar su posición al respecto de la Proposición de Ley presentada en Les Corts por Isabel Bonig, presidenta del PPCV.

La Ley de participación institucional (LPI) supone un reconocimiento formal a la función social que la Constitución Española confiere a los sindicatos y que la Ley Orgánica de Libertad Sindical otorga a los más representativos. Para ello, en la Comunitat Valenciana se requiere tener el 15% del total de delegados y delegadas elegidos en el conjunto de las empresas en las elecciones sindicales que se celebran cada cuatro años, mediante un procedimiento transparente y democrático.

De esta manera se compensan los costes derivados de la participación en los cientos de organismos públicos donde se trabaja para la mejora del marco legal y por la defensa de los intereses de la sociedad valenciana, previa justificación y auditoría.

Por su parte, UGT-PV ha aplaudido este pronunciamiento, que viene a "confirmar su apuesta por la labor institucional del sindicato en favor de la sociedad valenciana y su reconocimiento, tanto legal como social", han asegurado fuentes del sindicato. "Todo ello, siempre, desde las bases de la transparencia, el trabajo y la verificación objetiva del mismo", han añadido.