Ribera Salud, la empresa que controla total o parcialmente cuatro de las cinco áreas de salud bajo gestión privada en la Comunitat Valenciana, ha recibido el apoyo de los empresarios valencianos en su intención de hacerse con el 100 % de las acciones del Hospital de Dénia aprovechando la salida de su socio mayoritario, la aseguradora DKV.

Así lo ha transmitido la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), tras el encuentro que han mantenido hoy su presidente Salvador Navarro con el consejero delegado de Ribera Salud y presidente de la Comisión de Cooperación Público Privada (CPP) de la CEV, Alberto de Rosa.

Según la nota emitida por la organización empresarial, Navarro ha expresado su respaldo a Ribera Salud, ante "la ofensiva contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia" que supone a su juicio las enmiendas presentadas en las Corts por Compromís y Podemos a la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana.

En ellas, los grupos que sustentan junto al PSPV el Pacte del Botànic, piden que "ninguna persona física o jurídica podrá disponer de más del 40 % de las acciones o participaciones de las empresas que gestionan y prestan servicios sanitarios en la red pública de salud". De aprobarse esta enmienda a la Ley de Salud, Ribera Salud no podría ejercer su derecho de tanteo sobre las acciones de la aseguradora DKV en el Hospital de Denia y hacerse con el control total del área.

El Consell había propuesto adquirir este paquete de acciones a DKV como una forma de "revertir" la gestión del departamento de salud sin esperar a que acabara el contrato firmado en su día. De hecho, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterado que era su intención acabar así la legislatura con dos de las cinco concesiones sanitarias de vuelta a la gestión pública: La Ribera, que se completará el próximo 1 de abril y Dénia, gracias a la compra de acciones.

Según fuentes de la CEV, de la que forma parte Ribera Salud, la enmienda "atenta directamente contra el libre ejercicio de la actividad empresarial del grupo y nos sitúa, una vez más, en un escenario de inseguridad jurídica que no pasa inadvertido a inversores foráneos y de la propia Comunitat Valenciana y que en nada beneficia, por tanto, a la mejora económica y social de nuestro territorio".

Navarro ha aprovechado para defender el sistema de colaboración público privada también en el área sanitaria. "Un modelo de económico y social sostenible exige el concurso y la participación de la iniciativa privada, más aún en un escenario de restricción presupuestario como en el que nos encontramos y que previsiblemente se alargará en el tiempo", ha asegurado.

En su opinión debe superarse la estigmatización sobre esta fórmula de gestión que afecta, también, a empresas que gestionan o aspiran a gestionar privadamente servicios públicos. "Al ciudadano lo que le interesa y preocupa es recibir servicios de calidad y no la naturaleza del responsable de su ejecución", asegura Navarro. Desde la CEV recordaron el informe de la Sindicatura de Cuentas que pone de manifiesto el ahorro de la gestión privada en las concesiones sanitarias valencianas.