Las ofertas de empleo público de las administraciones valencianas (Generalitat, diputaciones y ayuntamientos) ya publicadas y aquellas que están por publicar podrían saltar por los aires antes incluso de que vean la luz.
Manuel Martos, el jurista que logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallara a favor del derecho de una interina del Ministerio de Defensa a ser indemnizada tras su cese, tiene previsto impugnar todas las oposiciones que se convoquen en la C. Valenciana y que afecten al personal interino.
Así lo confirmó el abogado a Levante-EMV, que matizó que su primer recurso iría dirigido a la oferta del Ayuntamiento de Elx, si bien ya tiene en cartera actuar contra los procesos impulsados por el Consell el pasado diciembre.
Así, estudia recurrir la OPE de 2.008 plazas de la Administración de la Generalitat, la correspondiente a empresas públicas (un centenar de plazas), así como las de Sanidad ( 6.790 plazas).
El motivo es su convencimiento de que estas convocatorias que emanan del acuerdo del Estado con los sindicatos sobre la consolidación del empleo público suponen un perjuicio para los interinos «longevos» (aquellos que llevan en su puesto tres año y un día) ya que se pone en riesgo su trabajo.
En opinión de este abogado, el acuerdo estatal está viciado y todos los que deriven de él. Martos, representante jurídico de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), ya ha logrado que el Supremo le admita a trámite su recurso contra el acuerdo entre Montoro y los sindicatos sobre la OPE de 2017.
El siguiente paso será pedir su paralización. Y mientras que este contencioso se resuelve, Marco está empeñado en llevarse por delante todas las convocatorias que a nivel autonómico o local se produzcan y para ello ha iniciado una periplo por toda España.
En València estuvo hace unos días dando una conferencia: «Me están pidiendo que recurra», indicó a este diario. Cabe apuntar que parte del colectivo que está moviéndose en torno a la citada asociación procede de la C. Valenciana.
El origen de esta cruzada judicial es el reconocimiento de la UE a la indemnización por despido de los interinos ya que lo contrario es una «desigualdad» evidente respecto a los trabajadores fijos. La sentencia se apoya en la jurisprudencia europea que otorga el derecho de los interinos a cobrar trienios igual que perciben los funcionarios de carrera.
Partiendo de esta equiparación, Martos cree haber encontrado el talón de Aquiles de todas las OPE que él ve nulas si no van acompañadas de una retención de créditos para afrontar las indemnizaciones por cese de los interinos afectados. Una previsión imposible, ya que la ley de presupuestos del Estado prohíbe ofertas que supongan incremento del gasto.
Martos ataca la propia convocatoria por generar desigualdad. Cree que estas no diferencian entre las personas que llevan años trabajando sin haber tenido la posibilidad de regularizar su situación y los que acceden desde la calle.
Para Martos, las ventajas que tendrán los interinos sólo se activan una vez aprobada la fase de oposición. Como alternativa plantea limitar las pruebas a concurso de méritos o que la fase de oposición no sea eliminatoria.
