19 de enero de 2018
19.01.2018
Juicio

Tres miembros de la extrema derecha serán juzgados por el escrache a Mónica Oltra

Uno es el presidente de España 2000 y los otros dos son simpatizantes vinculados a una cofradía de la Semana Santa Marinera y al mundo taurino

19.01.2018 | 08:41
Dos momentos del escrache a Mónica Oltra.

El juzgado que investiga el escrache de un grupo de extrema derecha a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sentará en el banquillo de los acusados a tres de los participantes en aquella acción de protesta.

Se trata del presidente de España 2000, José Luis Roberto, y dos compañeros más vinculados a la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte y a la asociación taurina Piel de Toro.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre ante el domicilio de Mónica Oltra. A eso de las nueve y media de la noche un grupo de entre 15 y 20 personas se concentró frente a su casa con música de pasodoble y lanzando consignas en favor de la unidad de España.

Como consecuencia de aquellos hechos, la afectada y la propia abogacía de la Generalitat recurrieron al juzgado y se abrió una investigación para identificar a los participantes, la mayoría de los cuales iban tapados con caretas.

Finalmente han sido tres las personas identificadas y una de ellas es el presidente de España 2000, José Luis Roberto, quien en medio del escrache se levantó la careta. Las otras dos personas son José Antonio M. M. y Ana M. M., ambos pertenecientes a la directiva de la casi desaparecida cofradía del Cristo de la Buena Muerte de la Semana Santa Marinera. Uno de ellos es, además, dirigente de la asociación taurina Piel de Toro. Los dos fueron identificados a posteriori.

De hecho, los tres son los únicos que se sentarán en el banquillo de los acusados, pues no han revelado el nombre del resto de participantes y las investigaciones policiales no han podido aclarar otras identidades.

Delito de amenazas

En principio, la abogacía de la Generalitat pedía que se les juzgase por varios delitos de coacciones, desórdenes públicos y amenazas, aunque la Fiscalía, que fue la primera en abrir investigaciones, lo ha dejado en un delito de amenazas leves, que es algo parecido a lo que antes se denominaba delito de faltas.

Eso significa que los acusados no tendrán que declarar previamente en el juzgado, sino que se sentarán directamente en el banquillo de los acusados en una fecha aún no fijada.

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