Ribera Salud, la empresa que controla total o parcialmente cuatro de las cinco áreas de salud bajo gestión privada en la Comunitat Valenciana, ha recibido el apoyo de los empresarios valencianos en su intención de hacerse con el 100 % de las acciones de Marina Salud, la UTE que gestiona el departamento de Dénia aprovechando la salida de su socio mayoritario, la aseguradora DKV.

Así lo ha transmitido la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), tras el encuentro que mantuvieron ayer su presidente Salvador Navarro y el consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa.

Según fuentes de la organización, Navarro ha expresado su respaldo a Ribera Salud, ante «la ofensiva contra el libre ejercicio de la actividad empresarial y la competencia» que supone a su juicio las enmiendas presentadas en las Corts por Compromís y Podemos a la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana. En ellas, los grupos que sustentan junto al PSPV el Pacte del Botànic, piden que «ninguna persona física o jurídica podrá disponer de más del 40 % de las acciones o participaciones de las empresas que gestionan y prestan servicios sanitarios en la red pública de salud» un parapeto «antimonopolio» en las concesionarias de salud en toda regla. De aprobarse esta enmienda a la Ley de Salud, Ribera Salud no podría ejercer su derecho de tanteo sobre las acciones de la aseguradora DKV en el Hospital de Dénia y hacerse con el control total del área.

El consejero delegado de DKV, Josep Santacreu, anunció en 2016 la intención de la firma de desvincularse de la gestión sanitaria de Dénia por las pérdidas acumuladas. El anuncio fue aprovechado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, para proponer adquirir este paquete de acciones como forma de «revertir» también a la gestión pública este departamento sin esperar a que acabara el contrato firmado en su día. Sin embargo, y según la legislación empresarial, Ribera Salud como socio minoritario tiene derecho de tanteo sobre estas acciones, opción que quedaría invalidada por estas enmiendas.

Según fuentes de la CEV -De Rosa preside su Comisión de Cooperación Público Privada- la enmienda «atenta directamente contra el libre ejercicio de la actividad empresarial del grupo y nos sitúa, una vez más, en un escenario de inseguridad jurídica que no pasa inadvertido a inversores foráneos y de la propia Comunitat Valenciana y que en nada beneficia, por tanto, a la mejora económica y social de nuestro territorio».

Defensa del interés general

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, aseguró que la CEV estaba «en su derecho» de respaldar a Ribera Salud pero el Consell «tiene que defender el interés general». Oltra reconoció que se estaba trabajando en cláusulas «antimonopolio» sobre todo en áreas como la salud, en las que «lo que debe estar en el centro no es el beneficio empresarial. «La salud es un derecho, no un negocio», ha asegurado.