De los 542 municipios de la Comunitat Valenciana, 274 celebraron en 2016 «bous al carrer». La tradición está más presente en Castelló y València. En el primer caso, de 135 localidades, 128 tuvieron festejos callejeros. En València, de 266, 112 acogieron este tipo de celebraciones. Ante este panorama, resulta complicado para los alcaldes, sobre todo de la izquierda más animalista, lidiar con las demandas de las peñas y al mismo tiempo compaginarlas con sus ideales.
De hecho, esta misma semana decenas de ediles -de todos los colores- han remitido una carta a las Corts exigiendo la derogación de la medida que implica contratar un segundo médico para los «bous al carrer», la última gran polémica ligada a estas celebraciones (hace unos meses, lo fue la necesidad de contar con un veterinario para chequear que el animal estuviera en condiciones). Cada vez que se introduce una nueva modificación en el reglamento que regula aspectos de la fiesta, la polémica, y la politización está servida.
Respecto a la carta, se ha dado la circunstancia de que ediles de Compromís y PSPV se han dirigido a sus síndics en las Corts para trasladarles el malestar. Aunque en la actualidad, ciudades como València han prohibido los «bous al carrer», que aún se celebraban en barrios y pedanías como Benimàmet o Carpesa, quedan muchos otros municipios donde los «bous» son sagrados.
Según el informe de la Universitat de València, los «bous de carrer» han experimentado una rápida expansión por imitación en las últimas tres décadas. De hecho, en 1988 en toda la Comunitat se celebraron alrededor de 2.400 festejos. Ahora son casi 10.000. «Más que de un profundo arraigo histórico, hay que hablar de una recreación y una difusión al calor de la transformación de las modalidades festivas populares de las fiestas mayores contemporáneas», relata el documento.
Si hablamos de asistencia a corridas de toros en la plaza, en la Comunitat Valenciana es inferior a la media de la población española y a la de las zonas con más arraigo como Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla León, La Rioja, Aragón, el País Vasco o Andalucía. Pero cuando se trata de «córrer bous», la cosa cambia.
«Va muy unido a todo un asociacionismo popular», explican los expertos de la Universitat. Va ligado, inevitablemente, a votos. De momento, encima de la mesa hay una moratoria de dos años o una derogación de la norma que ha levantado ampollas. Nadie quiere que la patata caliente de los «bous» explote en campaña electoral.
