El PP hace semanas que decidió poner en su diana a la patronal. Primero intentó disminuir las ayudas institucionales a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y a los sindicatos mayoritarios, los mismos que impulsaron la manifestación del 18 de noviembre por una mejora en la financiación.

Luego intentó eliminar la ayuda del Consell a Air Nostrum Después se fijó en los empresarios del caso Gürtel, a los que apoyan dejar fuera de los contratos públicos en una doble estrategia de desvincularse del PP anterior y poner en un brete al Gobierno valenciano.

Incluso la ausencia de la líder popular, Isabel Bonig, en el funeral de Francisco Pons fue interpretado dentro de esa ofensiva por la cúpula empresarial. Y ayer tocó una vuelta de tuerca más sobre la aerolínea valenciana. La diputada Verónica Marcos exigió ver el expediente a través del cual la empresa recibirá tres millones de euros directos.

Mientras los populares aseguran que no se trata de ninguna venganza por el apoyo que hacen los empresarios a la política de Puig y Oltra contra la infrafinanciación, a Air Nostrum le ha indignado la sombra de sospecha que se ha arrojado sobre ella y amenaza con acciones legales contra las «inaceptables» acusaciones de la diputada.

El desencuentro comenzó ayer con una comparecencia de Marcos, que pidió por registro de entrada el proyecto por el que la empresa tiene derecho a la ayuda y lo vinculó con sus planes en el negocio de la extinción de incendios.

«Nos parece muy extraño que Air Nostrum, que se presenta por primera vez, haya tenido que invertir en la compra de aviones por 8 millones al mismo tiempo que la Generalitat le concede por otro lado 3 millones de manera directa en los presupuestos de 2018», apuntó la diputada.

«Queremos saber en qué consiste ese proyecto», arremetió. «Es mucha casualidad que Air Nostrum haya tenido que comprar aviones a una empresa con la sede social en el mismo municipio andaluz que la actual adjudicataria de la Generalitat [para la lucha contra los fuegos forestales], formada por la UTE Martínez Ridau Aviación, S. L., y Faasa Aviación, S. A., empresa que como es conocido está implicada en dos procedimientos judiciales: en los cursos de formación de Andalucía y en el cártel del fuego», agregó.

Air Nostrum salió rápido al paso. «La ayuda aprobada en las Corts ha sido para Air Nostrum y no para Plysa; Plysa es una empresa totalmente independiente, que operará en un sector distinto y con diferente composición accionarial a la de la aerolínea», explicó.

El pasado noviembre, los socios accionistas de Air Nostrum presentaron su plan de inversiones con el que buscaban «entrar en el negocio de la extinción de incendios y en el de la alta velocidad». Para el primero, Plysa (de los accionistas de Air Nostrum) realizará una inversión inicial de ocho millones. Sin embargo, la ayuda está relacionada con la renovación de flota por más de 340 millones con aeronaves de nueva generación más eficientes, dijo.

Además, la compañía explicó que el avión adquirido a través de la compra de Trabajos Aéreos de Córdoba es para fumigación y que esta tiene su sede en Utrera (Sevilla) mientras que Faasa la tiene en Palma del Río (Córdoba).