Sólo un día después de la confesión de Ricardo Costa en la que admitía sin tapujos la financiación con dinero negro del Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la era de Francisco Camps, han salido a la luz detalles del modus operandi de la trama Gürtel a la hora de cobrar comisiones a los empresarios a cambio de contratos públicos.
En declaraciones al programa ´Hoy por hoy´ de la Cadena Ser, Vicente Monzonís, presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Castelló en esa época, ha contado cómo funcionaba la adjudicación de obra pública en la administración, no sólo la autonómica, dirigida por el PPCV entre 1997 y 2005.
"Determinadas empresas llegaron a constituir verdaderos monopolios artificiales. Pagaban comisiones próximas al 3% de la adjudicación y, además, lo que se denominaba ´una pizza´. Introducían modificaciones falsas en el proyecto. Y sobre esa modificación, el porcentaje de la mordida era hasta del 30%".
Monsonís ha asegurado que esta práctica ya se utilizaba antes de la llegada de Camps a la presidencia de la Generalitat. En su opinión, la Comunitat Valenciana ha vivido una "napolitización" del negocio de la construcción, porque "era imposible entrar en determinadas obras si no lo hacías con los supuestos que te imponían, comisiones próximas al 3%, en algunos casos superiores, y las modificaciones de los proyectos de hasta el 30%".
El constructor ha asegurado que este sistema era "generalizado". "He tenido que ver cómo proyectos antes de salir a licitación estaban en la mesa de determinados empresarios y cómo empresarios salían de reuniones con la autoridad política de despachar los presupuestos anuales del año siguiente, de decidir dónde invertir, cómo invertir, eso lo he visto yo", ha relatado.
En su caso concreto, se negó de en repetidas ocasiones a pagar las comisiones ilegales pusieron a su empresa contra las cuerdas, lo que le acarreó amenazas. "Se me dijo literalmente ´estás muerto como empresario´, porque me negaba a ciertas prácticas, y así lo viví. Se nos hacía morir de éxito. Nos adjudicaban determinadas obras y luego se nos cortaba la financiación", ha proseguido.
Preguntado sobre por qué no denunció la situación ante la justicia, Monzonís por el miedo y la falta de pruebas: "eran capaces de arruinarte y qué pruebas tengo yo. El problema son las pruebas, qué pruebas tengo yo frente a una actitud napolitana".
Según el empresario, las mordidas no sólo se reducían al ámbito de la Generalitat, sino que se extendían al resto de administraciones, y traspasaban el ámbito político. "Políticos, administraciones y empresas van de la mano. Las raíces son más profundas que estrictamente la financiación ilegal de un partido", ha concluido.
