«Va a salir mierda a punta pala». La frase es de Marcos Benavent, autobautizado como 'el yonqui del dinero' y la pronunció el 26 de mayo de 2015 a las puertas del juzgado que investigaba la denuncia de la diputación contra la empresa pública Imelsa. El PPCV acababa de darse un batacazo electoral que le expulsaría de las principales instituciones y se preparaba para afrontar la travesía del desierto de estar en la oposición tras veinte años de poder ininterrumpido. El entonces presidente saliente, Alberto Fabra, decía adiós a un mandato condicionado por la penuria financiera, pero, sobre todo, lastrado por los casos de corrupción heredados de la etapa Camps. La legislatura había acabado con varios escándalos de calado, como las grabaciones en la que supuestamente Alfonso Rus contaba billetes de una mordida; la detención del Delegado del Gobierno, Serafín Castellano, y la condena al exconseller Rafael Blasco por el saqueo a las ayudas a la cooperación. Poco más parecía posible, pero las palabras de Marcos Benavent acabaron siendo puro vaticinio.

Al PPCV, ya bajo la batuta de Isabel Bonig, le quedaban días muy duros por vivir. El 26 de enero de 2016, es decir hace hoy justo dos años, una espectacular macrorredada acababa con la detención del otrora barón provincial Alfonso Rus y con otras 24 personas más, entre ellos toda la cúpula del PP provincial y estrechos colaboradores de la exalcaldesa Rita Barberá. Era la bautizada como operación Taula, una macrocausa en la que se investigan multitud de delitos contra la Administración Pública, como prevaricación, malversación, tráfico de influencias, cohecho y que afecta directamente al PP. Aquella operación, acabó de un plumazo con la aspiración del PP de Isabel Bonig de presentarse como un partido renovado que había roto con el pasado y que podía aspirar a dar por amortizada la corrupción. Sin embargo, la agenda judicial no ha dado un respiro a los populares valencianos, que cada vez que cogen carrerilla como oposición se ven sobresaltados por los asuntos turbios.

El vivido estos días tras las confesiones de los encausados en el caso Gürtel sobre financiación irregular les ha vuelto a hundir en el desánimo, una hecatombe muy parecida a la que vivieron dos años atrás con el caso Taula.

Bonig y su entorno están dispuestos a seguir adelante, aunque estos días la amargura es palpable. No había más que mirar las caras de la bancada popular en la sesión de ayer de las Corts.

La operación Taula, admiten los dirigentes consultados, les supuso una digestión muy pesada ya que tuvo derivadas inesperadas y muy dolorosas. La reprobación en las Corts de Riba Barberá y el trauma de su fallecimiento fracturó un partido que en apariencia se ha renovado sin grandes conflictos internos, pero en el que aún supuran las heridas. Quizás por ello, ayer Bonig hizo una excepción en su mano dura contra la corrupción y en su estrategia de limpiar la marca y marcar distancias con el pasado y optó por la abstención a la hora de pedir la dimisión de Francisco Camps de Jurídic Consultiu.

«Hagamos lo que hagamos nada será suficiente», apuntaba una fuente popular. La sensación de la cúpula regional es que la tormenta difícilmente se despejará, pero que hay más remedio que seguir adelante. En todo caso, es evidente que el panorama que dibujaba la dirección regional en mayo de 2015 era bien distinto al que se preveía antes de que Taula volviera a hacer añicos la marca. Contaban con el juicio Gürtel, pero no con la confesión de Ricardo Costa: «Sí, el PP se financiaba con dinero negro», ha dicho el lugarteniente de Camps. Una frase que, cómo un día le soltó el socialista Andrés Perelló al expresidente Eduardo Zaplana, perseguirá al PP como «a un militar su hoja de servicios».