La empresa pública concebida por el difunto Manuel Tarancón, el primer consejero de Educación de Eduardo Zaplana, para consruir colegios públicos, ha sido durante años objeto de los más severos ataques de parte de la oposición en Les Corts Valencianes. Ciegsa nació con el loable objetivo de construir escuelas públicas, una tarea que vació de contenido toda un área de la conselleria y que generó notables sobrecostes. Se licitaron obras por 1.548 millones de euros y se pagaron, finalmente, 1.858, un alza de 310 millones de euros que representa un 20% del total. Son grandes cantidades, pero en términos relativos no es tanto. Y, a la postre, se sustituyeron barracones por aulas.
Ciegsa no licita ninguna obra desde hace casi seis años, según confirmó ayer una alta fuente de la empresa pública. Pero el ruido a su alrededor fue tal que llegó a ser identificada como la madre de todas las corruptelas.
La actual Conselleria de Educación quiso poner tierra por medio. Tanta que se ha encontrado con algún problema inesperado. Ciegsa elaboró en 2008 un proyecto para levantar el colegio Ramón y Cajal en el municipio de Anna (València). La Conselleria de Educación sacó la obra a concurso por un presupuesto inicial de 4,4 millones de euros. Pero la adjudicó a la constructora Bertolín por 2,9 millones de euros (más IVA). ¿Una baja temeraria?
33 empresas optaron a la obra
Un total de 33 constructoras de toda España compitieron en el concurso para levantar el nuevo colegio, que tendrá capacidad para 350 alumnos. Los trabajos salieron a licitación en julio de 2016 y se adjudicaron en mayo de 2017. La actuación debía durar 18 meses. Nada más lejos de la realidad.
La constructora adjudicataria reclama un modificado de 800.000 euros para asumir la obra. Los técnicos de la conselleria esgrimen la ley y sostienen que no se puede superar el 10% del presupuesto inicial. Pero alguien adjudicó a un precio insostenible.
Un caso similar se registra en Almassora (Castelló), donde hay niños que han estudiado toda la Educación Primaria y los tres primeros años de la Secundaria Obligatoria en barracones. La constructora Torres Cámara se adjudicó la construcción del colegio Regina Violant para albergar a 600 niños que estudian en barracones. Pero paralizó las obras en enero de 2017 porque estimó que gastará 1,1 millones más de lo previsto.
La Conselleria de Educación se niega a asumir semejante sobrecoste. Y la obra lleva parada un año.
El último proyecto de Educación pasa par invitar a los ayuntamientos a gestionar las obras para evitar semejantes problemas, en el convencimiento de que los dueños de los solares son los que mejor conocen lo que se puede y lo que no se puede levantar sobre ellos. Y, sobre todo, a qué precio.
Ciegsa, entretanto, avanza hacia la liquidación, como la retahíla de empresas públicas que creó el Partido Popular a partir de junio de 1995 para esquivar la fiscalización de funcionarios de carrera y para contratar a expertos sin mayor bagaje que supieran gestionar los sobrecostes.
