No hay acuerdo entre Compromís y PSPV los dos partidos que gestionan el Consell, sobre cómo encarar la delimitación oficial de las comarcas valencianas, una cuestión pendiente desde hace ya más de 35 años, del primer Estatut.
Las comarcas funcionan porque así es como desde tiempos inmemoriales han decidido relacionarse cientos de poblaciones valencianas con las de su entorno, pero formalmente no están recogidas en ningún texto normativo.
De momento, la proposición de ley de delimitación comarcal está pendiente desde que antes del pasado verano Compromís se vio obligada a retirarla por falta de apoyos en las Corts.
Esta semana, la consellera de Justicia, Gobernación y Reformas Democráticas, Gabriela Bravo, anunció en las Corts que la intención del Consell es regularlas a través de un decreto. Lo hizo durante el debate de la ley que impulsa las mancomunidades comarcales, la vía de mínimos hacia el camino de la comarcalización por la que se han decantado los socialistas.
Pero a Compromís, oficializarlas por un decreto del Consell le parece poco valiente e insisten en aprobar una ley en el Parlamento valenciano y que en ella figure al menos la denominación oficial y los municipios que la componen.
Compromís es consciente de que tampoco se puede llegar más lejos porque ni tienen apoyos suficientes ni la delimitación provincial que consagra la Constitución permite más aventuras.
«Para Compromís es una cuestión de mucho calado, no creemos que la delimitación comarcal deba desarrollarse con un simple decreto de un conseller, queremos darle rango legal», cuestiona el diputado de la coalición, Paco García.
Compromís incluso ha presentado una enmienda a la Ley de Mancomunidades que impulsa la Dirección General de Administración Local, dependiente de Presidencia de la Generalitat, en la que insiste en que la delimitación comarcal tiene que regularse por ley.
Compromís cree posible que esa norma, que necesita mayoría absoluta, puede aprobarse con los votos del tripartito, PSPV, Compromís y Podemos. Pero en el PSPV no acaba de gustar porque crea conflictos en varias comarcas, como l'Horta valenciana y algunas más, como ocurrió antes del pasado verano cuando este diario publicó el borrador.
El PP la ve inconstitucional
Así, el debate de las comarcas ha emergido de nuevo esta semana en las Corts con la enmienda a la totalidad de Ciudadanos y PP a la Ley de Mancomunidades, una norma que para el PP genera dudas de constitucionalidad porque afecta a materias que competen al Estado, por lo que podría abrirse un nuevo frente entre el Consell y el Gobierno si se aprueba.
Para el PP, tanto la de Mancomunidades del PSPV como la Delimitación Comarcal de Compromís atacan frontalmente el concepto de provincia y buscan eliminar las diputaciones. «Es la comarcalización que nos meten de tapadillo», apunta el diputado alicantino Manuel Pérez Fenoll.
Alfred Boix (PSPV) rechaza que la Ley de Mancomunidades suponga un ataque a la organización del Estado y defiende que lo que busca es ofrecer un marco legal para dar más garantías y fortalecer la arquitectura institucional local «con mayor transparencia».
Toni Subiela (Ciudadanos) asegura que su grupo está a favor de las mancomunidades pero en contra del modelo que propone el Consell. «Estamos en contra de comarcalizar por imposición», asegura el parlamentario.
Para Paco García, la de Mancomunidades es una ley que da un paso para la vertebración de la estructura comarcal y que pretende dotar a las mancomunidades de un régimen jurídico «más completo» y ofrecerles más autonomía, pero les parece insuficiente.
El diputado de Podemos Antonio Montiel apunta la necesidad de abrir un debate sobre el modelo territorial valenciano para no reproducir en las comarcas el problema que existe en las áreas metropolitanas. «No se puede legislar contra la realidad comarcal que forma parte historia de este pueblo», defiende.
Durante la sesión, los grupos del Botànic y Ciudadanos se emplazaron a mantener un debate sobre modelo territorio valenciano, una cuestión que ya se ha ha abierto en el conjunto de España.
