La portavoz adjunta del GPP, Eva Ortiz, Valenciana, Isabel Bonig, que llevará a la Fiscalía toda la documentación sobre la empresa Carns de Morella por si el Consell ha incurrido en prevaricación tras conocerse una sentencia del TSJCV que, según la formación popular, pone en duda la ayuda aprobada por el Consell a la entidad privada.
La ofensiva judicial del PP se produce después de dos semanas de vía crucis tras las confesiones del exsecretario general del PPCV, Ricardo Cosa, sobre la financiación irregular del PP, un caso que ha roto la estrategia del nuevo PP de Bonig de marcar distancias con los asuntos turbios.
Eva Ortiz ha recordado que en el anteproyecto de ley de presupuestos de 2016 había una ayuda nominativa para una ayuda a esta empresa por 140.000 euros, pero que el Consell les negó información sobre el informe que daba pie a esa ayuda. "Acudimos a la Justicia para solicitar la documentación. La abogacía se excusa en que no llegó a recogerse en los presupuestos finalmente aprobados por Les Corts e insiste en que no hay ningún informe que avale el interés público para otorgar una subvención nominal", ha indicado.
La portavoz popular ha señalado que "finalmente se acaba de dictar una sentencia por parte del TSJCV en que dice que la respuesta de la administración no tiene sentido". "No es posible que se apruebe una ayuda en favor de una empresa privada por 140.000 euros y que no exista ningún informe ni documentos que justifiquen el interés público de esa subvención. La pregunta que se hace el propio TSJCV es cómo surge esa subvención nominativa si no hay ningún informe. Y también señala que va a es." Condenan al ayuntamiento a entregar esa información y aun así seguir adelante para cumplir la sentencia".
La portavoz popular ha explicado que paralelamente, en el ayuntamiento de Morella el PP pidió que nos faciliten el listado de socios de esta empresa. El ayuntamiento negó la documentación y también los populares acudieron a los tribunales. "No sabemos qué quieren ocultar ni qué problema hay en conocer quién forma parte de ese 50% privado. Igual hay alguna sorpresa similar a la de las ayudas a los medios de comunicación propiedad del hermano de Ximo Puig", ha rematado.
"A la vista de todo esto, el Grupo Popular va a poner a disposición de la Fiscalía todos estos expediente porque estamos ante un posible delito de prevaricación por parte del Consell al aprobar un anteproyecto con una subvención a una empresa privada sin ninguna justificación como dice la propia Abogacía de la Generalitat, el director general y el TSJCV", ha manifestado.
