La polémica en torno a la retirada de la Cruz de los Caídos en la plaza de España de Callosa del Segura y las «cautelarísimas» medidas adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana al respecto, en palabras de Gabriela Bravo, consellera de Justicia, devuelven el foco al escudo que exhiben en sus fachadas, por ejemplo, los tres cuarteles de la Guardia Civil en la ciudad de València.
El Consell del Botànic se trazó como prioridad el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, una norma de ámbito estatal que fue aprobada en diciembre de 2007 cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno y que su sucesor, Mariano Rajoy, presume de no haber dotado nunca en los Presupuestos Generales del Estado.
La situación es tan ridícula que la Generalitat Valenciana aprobó el pasado mes de noviembre una ley de ámbito autonómico, la denominada Ley de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, que persigue reparar en la medida de lo posible el abandono que han sufrido durante décadas los descendientes de los ciudadanos a los que les tocó luchar en el bando perdedor de la Guerra Civil española, en su inmensa mayoría por una mera cuestión geográfica.
La conselleria de Justicia remitió a los 542 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana una encuesta para establecer el número de vestigios franquistas que la ley exige que sean eliminados en aras de la ley estatal «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura», de acuerdo al tenor literal de la norma.
209 ayuntamientos
Tan solo 209 corporaciones municipales han dado respuesta al requerimiento de la conselleria que gestiona Gabriela Bravo. Los ayuntamientos que han respondido, el 40 % del total, han identificado en conjunto 881 vestigios franquistas. Símbolos, monumentos o señales que remiten a un pasado que no merece recuerdo.
La inmensa mayoría de los vestigios franquistas que todavía son visibles son placas en grupos de viviendas de promoción oficial que recuerdan el impulso público de la construcción de los edificios. Los 209 ayuntamientos que han identificado símbolos franquistas han ubicado un total de 454 placas, recordatorios o lápidas que recuerdan la promoción pública de viviendas protegidas por parte del régimen del general Francisco Franco.
Las calles dedicadas a la memoria de militares del más diverso rango pero todos ellos vinculados al bando nacional, ocupan el segundo lugar entre los vestigios de otro tiempo, un total de 131, según datos que aportan fuentes de la Conselleria de Justicia.
Los restos que no se pueden retirar, apenas 60 de acuerdo con los resultados de la encuesta elaborada por el departamento de Bravo, son aquellos que están vinculados a conjuntos arquitectónicos que han sido declarados bienes de interés cultural cuya extracción dañaría monumentos o edificaciones singulares.
La imagen de Francisco Franco por delante de Cristóbal Colón en un mural de la iglesia de la Santa Cruz, en la plaza del Carmen de València tiene difícil remedio.
En la localidad de Canals, en la comarca de la Costera, el Casino Gran sigue siendo la referencia más destacada en cuanto a la persistencia de símbolos fascistas: dos retratos al óleo de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera presiden el interior del local, donde se celebran algunos actos de los festeros de Sant Antoni.
El Ayuntamiento de Canals se ha confesado reiteradamete impotente para eliminarlos, puesto que se trata de una entidad privada y en un espacio interior. Y la directiva del casino nunca ha dado su brazo a torcer ni ha escuchado las sugerencias externas, informa Agustí Garzó.
El municipio de Rafelbunyol también ha sido centro de polémica a raíz de la decisión del pleno en julio de 2016 de retirar un panel de los caídos en la fachada de la iglesia que incorpora frases como «José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!» y «Caídos por Dios y por la Patria.», informa Violeta Peraita.
El PP, Independientes de Rafelbunyol y familiares de los homenajeados en la placa ella se movilizaron contra la decisión municipal. Los familiares presentaron en febrero del año pasado un recurso contencioso administrativo para frenar la retirada. El ayuntamiento ha paralizado la ejecución hasta que el tribunal llegue a una resolució definitiva.
En Gandia, sin embargo, el actual Gobierno local eliminó hace unos meses el último vestigio franquista que quedaba. Era un bloque de viviendas que llevaba el nombre de Simancas, un cuartel ubicado en Gijón, que fue símbolo de resistencia para el franquismo contra un ataque del bando republicano.
