Tuvo que hacer 300 kilómetros para estampar una firma solo porque el Hospital General de Castelló no disponía de los medios para facilitar el trámite de forma electrónica. Es la queja presentada por un vecino de Sabadell ante el Síndic de Greuges, José Cholbi, y que ha propiciado que el defensor del pueblo valenciano urja a la Conselleria de Sanidad a adaptar todos los hospitales a los nuevos tiempos y a facilitar así que los trámites también se puedan hacer por medios electrónicos.

La queja que ha dado pie a esta recomendación del Síndic se remonta a marzo de 2017 cuando la tía del denunciante, de 88 años, se cae accidentalmente e ingresa en el Hospital General de Castelló donde tienen que operar la cadera.

Pese a que la paciente no estaba incapacitada legalmente, los médicos consideran que, por edad, y por las consecuencias de la intervención, debe ser su representante legal -su sobrino que reside en Sabadell- quien debía firmar el consentimiento informado.

Así se lo hacen saber vía telefónica. Ante la petición, el autor de la queja solicita otros medios para dar su consentimiento firmado, ya fuera burofax o un correo electrónico con firma digital y evitar así «un desplazamiento innecesario».

Desde el hospital, sin embargo, declinan todas las opciones ya que, como después argumentaron ante el Síndic, el hospital no contaba con «ninguna vía telemática ni informática para poder realizar la firma del consentimiento a distancia».

De esta forma, tuvo que ir físicamente de Sabadell hasta Castelló, cerca de 300 kilómetros, para firmar aún cuando su tía «no está incapacitada (...) y estaba acompañada de personas vinculadas, en contacto conmigo y con los médicos y con capacidad de prestar el consentimiento». Una vez en el hospital presentó varias quejas por lo sucedido en el Servicio de Atención al Paciente SAIP, en las que exponía lo sucedido y pedía que se tomaran medidas.

El Síndic, reconoce que sí era él la persona que debía firmar por escrito el consentimiento en este caso pero entiende que la administración no puede «trasladar la carga a los ciudadanos» por su «falta de medios» por lo que insta a Sanidad a hacer todo lo posible para «implantar los medios electrónicos adecuados en los centros hospitalarios públicos» que hagan posible lo que, por otra parte, ya reconoce la ley.

Según la Ley 39/2015 de Procedimiento de las Administraciones Públicas, la tramitación electrónica es el medio habitual de las administraciones de relacionarse con los ciudadanos y queda en manos de los ciudadanos el elegir el medio.