Tiene 64 años y la cuenta a cero. Su vida laboral comenzó a los 15 años y suma 41 de cotización. Pero sabe que el Estado no le pagará la pensión, sobre todo si se tiene en cuenta que la Seguridad Social le ha embargo hasta la ayuda de emergencia que acaba de recibir.

El sistema de protección lo ha dejado con la cuenta a cero. La Generalitat Valenciana le hizo un ingreso de 1.236,74 euros por la Renta Garantizada de Ciudadanía, una ayuda de emergencia concedida por tres meses de 2016, a razón de 416,24 euros al mes. El ingreso se efectuó en un único pago el 29 de diciembre de 2017, viernes. El 2 de enero fue al banco. Esperaba ese dinero como agua de mayo. Ni un céntimo le quedaba. La Seguridad Social le embargó el dinero. Ni el mínimo le dejaron para que el banco no le sancione por dejar la cuenta al descubierto.

G. J. C. tiene una deuda con la Seguridad Social que no podría pagar ni aunque tuviera tres vidas más. La bola se le ha hecho enorme. Trabajador del sector sanitario desarrolló gran parte de su vida laboral al frente de varias empresas unidas en una sociedad que tuvo que liquidar en 2012.

La crisis se lo llevó por delante y cavó una tumba en vida para él. Su gestor dio de baja la sociedad en Hacienda pero no en la Seguridad Social. G. J. C. no se enteró hasta años después, cuando le comunicaron lo que ya sabía: que debía tres años de cuotas de autónomos.

Esa deuda de 9.000 euros (a razón de 250 euros al mes) se convirtió con rapidez en 30.000 por recargos e intereses y se sumó a la anterior que él desconocía y que no puede reclamar ni a su gestor ni a nadie.

En la última orden de embargo, las cifras hielan la sangre: su deuda principal (90.477,51 euros) más el recargo (24.384,10 euros), más los intereses (43.352,36 euros), más las costas (281,03 euros) suman 158.495 euros. La Seguridad Social detectó un ingreso de 1.236,74 euros y se lo quitó de la cuenta para saldar parte de la deuda. Ahora le quedan 157.258,26 euros de deuda y cero euros para pagar el alquiler, la luz, el agua, la comida y hasta los medicamentos, porque este vecino de Valencia es, además, diabético, enfermedad por la que le amputaron medio pie y casi no le queda dentadura.

Ya no sabe qué hacer. Cuando vio el embargo de un dinero que le permitiría malvivir durante algún tiempo, llamó inmediatamente a la Seguridad Social e interpuso un recurso de alzada en el que justificaba su situación, presentaba los pertinentes papales y acreditaba que el dinero que le habían quitado era una ayuda de emergencia, en teoría, inembargable.

Pero el sistema automático y telemático de la Seguridad Social nada sabe de personas y mucho de números. Así, aunque en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social consta que «el salario mínimo interprofesional es inembargable» y que «no obstante, los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a una escala», la realidad es que el sistema detectó una deuda y una entrada de dinero de más de 1.200 euros y lo absorbió directamente. Eso fue lo que le explicaron a G. J. C. La Seguridad Social no ha realizado aclaración alguna la respecto a este diario.

Y así la situación se le complica cada día. Su mujer, que tampoco tiene ingreso alguno tras una vida dedicada a la crianza de sus cuatro hijos, acaba de recibir unos 400 euros de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Con ese dinero, la pareja ha pagado los medicamentos para G. J. C., dos de los tres meses de alquiler que debía (y debe) y las facturas pendientes del suministro eléctrico, que también suman recargos. A este hombre le han denegado la renovación de la renta garantizada de ciudadanía a cuenta del año 2017 porque su mujer ya ha recibido esta ayuda. Un sistema «perverso» que implica «una tortura constante» para un hombre que necesitaría, al menos, otra vida para saldar su deuda.