La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha criticado que la normativa de la Generalitat Valenciana por la que se modifica el artículo 155 de la ley de 2012 de medidas fiscales y se crea un impuesto a la incineración, coincineración y valorización energética de residuos «genera discriminación entre las empresas recuperadoras valencianas con respecto a otras comunidades autónomas», además de «limitar su competitividad».
De igual forma, la organización ha advertido que el impuesto autonómico al vertido e incineración afecta únicamente a los residuos de gestión privada y no a los de gestión pública. «Si el objetivo del impuesto es fomentar el reciclado, no debería aplicarse al residuo que tiene su origen en el tratamiento de otros residuos para su reciclaje porque lo que se produce en esa situación es un impuesto de facto al propio reciclaje», subraya la federación, al tiempo que recordaba que «son precisamente los residuos domésticos sobre los que la Unión Europea ha hecho especial hincapié para evitar su vertido e incineración».
