12 de febrero de 2018
12.02.2018
Diligencias previas

Investigan adjudicaciones de la Diputación de Alicante para Fitur en la etapa de Ripoll

El juzgado pide aclarar la identidad del director del Patronato Provincial en 2007 y 2008 para citarlo como investigado por un fraude de 3,2 millones

12.02.2018 | 11:37
Sebastián Fernández y Joaquín Ripoll, diputado de Turismo y presidente de la Diputación en la época investigada.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante ha decidido abrir diligencias por adjudicaciones para Fitur en el Patronato de Turismo durante la etapa de José Joaquín Ripoll al frente de la Diputación de Alicante. Los hechos se remontan a los años 2007 y 2008, la misma etapa en la que la Generalitat contrataba conb Gürtel para participar en esta feria turística. La Fiscalía, después de una denuncia de los diputados provinciales de Compromís que data del 22 de febrero de 2017, remitió el pasado 24 de octubre a este juzgado un escrito instando a abrir una investigación que ahora el juez ha decidido asumir.

Tendrá que declarar en calidad de investigado -la figura que antes era imputado- el director en 2007 y 2008 del Patronato de Turismo dependiente de la Diputación de Alicante -el juez ordena que se esclarezca antes su identidad- por un supuesto fraude de 3,2 millones de euros en las adjudicaciones para Fitur. Entonces el diputado provincial de Turismo era Sebastián Fernández, concejal de Benidorm, aunque Ripoll era el presidente del Patronato. También están citados los empresarios Mercedes Lasa y Javier Molinos, matrimonio y responsables Los Molinos, una empresa radicada en el País Vasco beneficiada con las mencionadas adjudicaciones y que trabajaba de forma habitual durante aquella época en la Diputación de Alicante a pesar de que había dudas sobre su solvencia para afrontar estos trabajos.

También acuerda el juzgado remitir a los juzgados decanos de Benidorm y Denia determinados "folios desglosados de la causa", en tanto que también les afectarían aquellas adjudicaciones. La tesis de Compromís, que registró la denuncia en la Fiscalía hace casi un año, es que se trataba de una trama paralela a la Gürtel pero en en Alicante. La decisión de acudir a la Fiscalía se sustenta en la revisión de 70 facturas analizadas en la comisión para investigar los últimos doce años de gestión PP, que abrió la Diputación a instancias de la coalición de izquierdas en el arranque del mandato de César Sánchez. Entre las irregularidades se citaban fraccionamiento de contratos; tramitaciones de urgencia por más de un millón; abonos de cantidades muy diferentes por servicios parecidos; o adjudicaciones directas sin publicidad.

Con esta documentación, y tras evidenciar el fiscal, dice, "elementos bastantes" sobre hechos que "pudieran ser constitutivos de delito" solicitó al juzgado abrir las diligencias previas.

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