13 de febrero de 2018
13.02.2018

El Instituto de Vivienda de Blasco contrató con la firma clave de Taula

La Audiencia rechaza los recursos de Alfonso Grau y Novo contra la prórroga de la investigación del pitufeo

13.02.2018 | 04:15

La empresa de comunicación que supuestamente ayudó a financiar en negro la campaña electoral de Rita Barberá y el PP de València en 2007, Laterne Product Council, también fue contratada -a través de una filial- por el Instituto de Vivienda SA (Ivvsa), durante la etapa de Rafael Blasco como conseller de Territorio, entre 2003 y 2006. Según la documentación aportada a la pieza del caso Taula que investiga el presunto blanqueo de capitales y delito electoral (financiación ilegal) supuestamente cometidos en las campañas electorales de 2007, 2011 y 2015, el Ivvsa contrató con Laterne dos servicios por valor de 49.648 euros, en marzo de 2006.

La empresa pública, dirigida entonces por el fiel escudero de Rafael Blasco, José Fermín Doménech, contrató los servicios de City Marketing Conseil EP para el «desarrollo de argumentarios de apoyo para los interlocutores del Ivvsa con los medios de comunicación», además de la planificación, gestión y compra del espacio publicitario para un monográficode cuatro páginas en el periódico gratuito Metro». Este último contrato tuvo un coste de 29.928 euros. La otra contratación del Ivvsa con la empresa que puede considerarse la «Gürtel» de Rita Barberá consistió en pagar 19.720 euros a cambio de la «planificación, gestión y compra del espacio publicitario para un publirreportaje bajo el formato de falsa portada en Minidiario».

Por otra parte, la sección cuarta de la Audiencia de Valencia también ha rechazado el recurso presentado por el exedil del PP y exvicealcalde en el Ayuntamiento, Alfonso Grau, del edil Alfonso Novo y de un asesor popular contra la decisión del magistrado del caso Taula, de ampliar el plazo de investigación del pitufeo y el delito electoral. Los tres recurrentes insistían en el argumento de que el auto que prorrogó la investigación se dictó fuera de plazo (después del 15 de agosto). Pero la sección cuarta de la Audiencia de València vuelve a recordarles que los plazos afectan a la petición de la Fiscalía, que solicitó la prórroga el 29 de junio de 2017, dos meses antes.

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