13 de febrero de 2018
13.02.2018

La jueza investiga sobrecostes de 30 millones en el circuito de F1

Economía autorizó un aval al Gestor de Transportes y Puertos por 60 millones para pagar el trazado, pero costó más de 90 millones

13.02.2018 | 04:15
La jueza investiga sobrecostes de 30 millones en el circuito de F1

La nueva causa judicial abierta por las supuestas irregularidades en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1 en València -desvelada públicamente la pasada semana- investiga posibles sobrecostes en el circuito de Fórmula 1, que podrían rondar los 30 millones de euros. De hecho, el coste del trazado fue uno de los apartados en los que se incidió durante los interrogatorios practicados durante la semana pasada por el Juzgado de Instrucción 17 y la Fiscalía Anticorrupción al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el exconseller de Infraestructuras, Mario Flores y el exsecretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, impulsores físicos de la construcción del circuito.

A los tres se les investiga en esta nueva causa abierta en mayo de 2017, tras la denuncia de un particular, y que permanece bajo se creto del sumario incluso para los propios investigados.

Junto a los tres dirigentes políticos también han sido citados a declarar como investigados (antes imputados) casi una treintena de ingenieros y responsables de empresas adjudicatarias tanto del diseño como de la construcción del circuito, según publicó Levante-EMV en su edición del 9 de febrero.

La Fórmula 1 iba a tener «coste cero» para los valencianos, en palabras del entonces presidente de la Generalitat, pero sólo en la construcción del trazado para que pudieran circular los bólidos la Conselleria de Infraestructuras, a través del Gestor de Transportes y Puertos (GTP), gastó cien millones de euros. Sin embargo, la inversión inicial prevista era de 60 millones, la cantidad autorizada por la Conselleria de Economía mediante la concesión de avales para poder endeudarse y pagar las obras del circuito, según un decreto del Consell firmado en febrero de 2008.

Este crédito de 60 millones se empezó a amortizar en 2016 y cuesta a las arcas públicas 7,5 millones de euros al año que deberán abonarse religiosamente hasta 2023, según desveló la consellera de Obras Públicas, Maria José Salvador.

En la causa abierta por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental también se investigaría si la adjudicación del diseño y las obras a empresas de la construcción pudo hacerse a la carta, seleccionándolas sin someterse a toda la legalidad exigida. También se habrían detectado alteraciones de fechas en varios documentos intervenidos, según informaba ayer la agencia de noticias Europa Press.

Los investigadores también analizan los expedientes adjudicados por GTP -absorbida en 2013 por la actual Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)- para la contratación de la asistencia técnica y el apoyo a la dirección de obra de la conexión de la Alameda-Avenida de Francia-Puerto y Acondicionamiento de la Marina Real, dentro de los trabajos para la realización del Gran Premio de Fórmula 1.

En esa actuación policial también se reclamó información sobre un viaje que realizaron a Dubai y Bahrein el exconseller Mario Flores y el que en ese momento era secretario autonómico de ese departamento, Sánchez-Barcaiztegui.

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