15 de febrero de 2018
15.02.2018
Audiencia Nacional

Empleados de empresas que firmaron con Gürtel confirman las facturas falsas

Dos de los testigos aseguran que no les consta que Orange Market prestase los servicios que se pagaron

15.02.2018 | 08:22

Varios empleados de las mercantiles cuyos responsables reconocieron haber financiado ilegalmente al PP de la Comunitat Valenciana afirmaron ayer ante el juez que no recuerdan que la empresa de la trama Gürtel que organizó los actos electorales en 2007 y 2008 para la formación política regional, Orange Market, les prestase servicios que después fueron pagados.

La sesión de ayer miércoles del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional por la presunta caja B del PP liderado entonces por Francisco Camps se centró en la declaración como testigos de seis personas que tuvieron alguna vinculación profesional con alguna de las empresas que pagaron facturas falsas relacionadas con las campañas municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

Todos los testigos que comparecieron dijeron que no conocen personalmente a ninguno de los acusados en este juicio: ni a los expolíticos valencianos, ni a los líderes de la Gürtel y sus colaboradores. En este sentido, indicaron que han tenido alguna relación comercial con alguno de los grupos o mercantiles de los empresarios arrepentidos, pero nunca con Orange Market.

Fueron los exdirectores de Servicios Corporativos y de Comunicación y Marketing de Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL los que reconocieron ante el titular del Juzgado Central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia, que firmaron unos contratos con Orange Market por orden de Alberto Gabriel Batalla, administrador de esta empresa. A renglón seguido recalcaron que no les consta que estos servicios se llevaran finalmente a cabo.

Esta afirmación la hicieron a raíz de que el fiscal Anticorrupción Carlos Alba les mostrase dos facturas emitidas por la empresa de la que era responsable Álvaro Pérez «El Bigotes» –que se enfrenta a 27 años de prisión– con los importes de 45.000 euros por un trabajo de merchandising y 50.000 euros por un acuerdo de colaboración.

Ambas facturas corresponden con los 110.200 euros que el escrito de acusación del Ministerio Público señala como sospechosas de haber sido utilizadas para sufragar irregularmente los gastos electorales de los populares valencianos.

De hecho, el que fue responsable de Comunicación y Marketing de Lubasa precisó que si lo contratado se hubiese llegado a realizar, él se hubiese enterado. Por otro lado, su compañero dijo que firmó porque así se lo indicaron, pero que no tenía competencias en la materia de contratación.

Precisamente, Batalla es uno de los nueve empresarios que han confesado que sufragó los gastos electorales del PPCV en los comicios de 2007 y 2008. Según la Fiscalía, los industriales aportaron un total de 1,2 millones de euros, cantidad que se integra dentro de los 2,03 millones de euros que pagó el PP en negro a Orange Market en relación a estos actos.

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