La lengua y su uso en el ámbito educativo siguen siendo arma de enfrentamiento político en la Comunitat Valenciana y no van a dejar de serlo hasta las elecciones.
Tras más de dos horas de intenso debate ayer en las Corts Valencianes quedan dos ideas fuerza. Una que la mayoría valenciana de izquierda se lanza a por el tercer intento de implantar el plurilingüismo en los colegios y la segunda, que el PP hará todo lo posible en los tribunales para que la Justicia tumbe la norma.
La formación que lidera Isabel Bonig está convencida de que electoralmente el acoso al Consell y especialmente al área de Educación que dirige Vicent Marzà (Compromís) le resulta muy rentable. Por eso, ayer ya dejaron meridianamente claro que habrá recurso.
Sostiene el conseller de Educación, Vicent Marzà, que la ley de Plurilingüismo aprobada en las Corts es el instrumento para que los alumnos valencianos puedan aprender de forma definitiva las tres lenguas, castellano, valenciano e inglés.
Pero para el PP y Ciudadanos, la norma supone una dictadura lingüística, parte del «procés» catalán en el que anda inmerso la Comunitat Valenciana, según su tesis, y el regreso al monolingüismo franquista, ahora con el valenciano. Por si había dudas, la diputada popular Beatriz Gascó anunció desde la tribuna: «La frenaremos antes de que sea demasiado tarde». Para Cs la ley es una imposición en diferido.
Antes, el conseller Marzà había llamado a evitar la confrontación con el objetivo de lograr el aprendizaje «real y efectivo» de las lenguas. Marzà niega que la norma suponga una imposición y también se adelantó a la intención del PP. «Estamos preparados para lo que venga», dijo en los pasillos de las Corts.
En esencia, la ley de Plurilingüismo que impulsan los partidos del Botànic, con el fin de evitar otro naufragio en el TSJ, desvincula el aumento de las horas en inglés a una mayor presencia del valenciano y establece un mínimo del 25 % de horas lectivas en castellano y valenciano y del 15 % en inglés, que llegue como máximo a un 25 %. A partir de estos tres umbrales cada colegio tendrá libertad para organizar su Proyecto Lingüístico de Centro (PLC).
«Un paso de gigante»
El diputado de Compromís Josep Nadal, uno de los más críticos con la posición de PP y Ciudadanos, aseguró durante el debate que la ley supone un paso de gigante para la educación valenciana tras décadas en las que la sociedad aún arrastra muchos de los dogmas que impuso el franquismo, uno de ellos el monolingüismo en la escuela, la calle, el trabajo o en los medios de comunicación.
El diputado asegura que la propuesta es equilibrada porque conjuga la opinión de expertos, comunidad educativa y el marco legal y rechaza que suponga imposición. «Esta no es la ley que hubiera hecho Compromís, pero estamos satisfechos», señaló.
Por su parte, la diputada Mercedes Ventura (Cs) defendió con palabras de Noam Chomsky que ni científicos ni políticos tienen nada que decir sobre las fronteras que delimitan las lenguas y rechazó lo que considera imposición lingüística «que sólo ha llevado a un conflicto entre valencianos y a la autonomía vecina al odio».
Aunque Ciudadanos reconoce que se ha intentado suavizar este tercer intento de implantar el plurilingüismo, Ventura mantiene que sigue siendo «ideología lingüística en las aulas».
Por su parte, Ana Besalduch (PSPV) remarcó la necesidad de un nuevo instrumento ante los resultados de las nefastas políticas educativas del Consell. Los populares también defienden una consulta entre las familias y su derecho a decidir, lo que Podemos ha equiparado con lo que piden muchos ciudadanos catalanes y el PP rechaza. Para el PP la ley es una «dictadura lingüística». La coordinadora d'Entitats Culturals de Sentandreu también recurrirá.
