El empresario fetiche del exconseller Rafael Blasco, Augusto César Tauroni, finiquitará su primera condena por el desvío de fondos de las ayudas a la Cooperación el próximo 23 de febrero.
Tauroni ha cumplido desde el 26 de febrero de 2012 una pena de seis años de prisión como cooperador necesario de Blasco en el desvío de ayudas destinadas a Nicaragua.
Actualmente disfruta de un permiso penitenciario, según confirmaron ayer a Levante-EMV fuentes próximas al empresario. Aunque solicitó el tercer grado, un juzgado de vigilancia penitenciaria de Castelló le denegó la semilibertad porque aún «debe someterse a enjuiciamiento por otras dos piezas separadas en las que se descompuso la causa por la que aún cumple condena».
El juicio por las dos piezas que quedan por juzgar debería celebrarse en 2018, aunque se ha retrasado tras la presentación de varios recursos ante la Audiencia de València contra el auto del Juzgado de Instrucción 21 que finalizó la investigación por el desvío de ayudas para combatir el sida en África, promover la soberanía alimentaria en Perú o construir un hospital en Haití.
Y aún se instruye una tercera pieza separada por el presunto amaño de los contratos de los servicios informáticos de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía -después Solidaridad y Ciudadanía- durante casi todos los ejercicios que Blasco estuvo al frente de esta cartera: 2008, 2009, 2010 y 2011 (fue nombrado en junio de 2007).
Por esta última pieza, Augusto César Tauroni comparece hoy en la Ciudad de la Justicia ante la titular del Juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, y el Fiscal Anticorrupción. Antes también se celebrará una vistilla para decidir si se adoptan medidas cautelares.
En las dos piezas separadas que quedan por juzgar de forma conjunta, el empresario Augusto Tauroni se enfrenta a la mayor petición de prisión que solicita la Fiscalía Anticorrupción en esta causa: 21 años de cárcel. Para su esposa también reclama otros seis años de privación de libertad.
En el escrito de acusación de estas dos piezas separadas, Anticorrupción acusa Rafael Blasco, Marc Llinares y Augusto César Tauroni de crear un círculo perfecto de presuntas corruptelas en el que todos sacaban tajada, a costa de las ayudas que se concedían a las ONG.
Estas ayudas amañadas en origen «tenían como finalidad el enriquecimiento personal de Augusto Tauroni, el de Rafael Blasco y Marc Llinares (...) que recibieron dinero de esas subvenciones» a través del empresario y amigo íntimo del exconseller.
Blasco y Tauroni eran «amigos personales» desde que el empresario se hiciera «socio de Bernardo Blasco Castany en la mercantil Grupo Alpecine SL, desde el 21 de marzo de 1997». La amistad fue consolidándose con los años gracias a las adjudicaciones del conseller a su empresario de cabecera por todas las consellerias que dirigió.
Tauroni recibió «desde el año 2001 a través de la mercantil GCS SL o a través de subcontratas con las mercantiles Dinamiz-e SL y Lonerson, contratos públicos de las conselleries de Bienestar Social, Territorio y Sanidad», según la Fiscalía Anticorrupción.
