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Enfrentamiento

La carrera entre Cs y PP reactiva la guerra contra el requisito lingüístico

Populares y Ciudadanos lideran iniciativas para frenar la ley que obligará a saber valenciano a quien opte a una plaza pública

Isabel Bonig, entre consellers y otros portavoces parlamentarios en una imagen de archivo. m. á. montesinos

La carrera electoral en la que están inmersos desde hace semanas el Partido Popular y Ciudadanos ha reactivado el debate sobre la implantación del requisito lingüístico para optar a una plaza pública en la Generalitat, un compromiso del Botànic que en su momento generó tensiones, incluso entre los propios socios de Gobierno, y que llevaba meses fuera de la agenda política. El proyecto legislativo pasó por primera vez por pleno del Consell hace un par de semanas, pero al texto le queda todavía una larga tramitación. Tal es así que, como informó en su día este diario, la implantación efectiva del requisito lingüístico difícilmente se dará en lo queda de legislatura.

El asunto, sin embargo, ha vuelto a la actualidad política. PP y Ciudadanos compiten tanto dentro como fuera de la C. Valenciana por la bandera de la defensa de los derechos de los castellano-hablantes en comunidades con lengua propia. El foco está en Cataluña, pero también se ha extendido a la Comunitat Valenciana.

Ha sido Ciudadanos el primero en abrir fuego a nivel estatal con el anuncio de una proposición de ley para evitar que el conocimiento de la lengua propia sea obligatorio para trabajar en la administración.

La iniciativa llegará estos días al Congreso de los Diputados y, como otros proyectos normativos, podría no prosperar por falta de mayoría suficiente. Socialistas, Podemos y, por su puesto, Compromís, están en contra. También el PP en el fondo, pero, de momento, se ha puesto de perfil. Su posición es más complicada a nivel nacional por su alianza con el PNV, al que necesita para aprobar los presupuestos. Apoyar una iniciativa que supone recortar los derechos lingüísticos en comunidades con dos lenguas oficiales no sería bien visto por un partido nacionalista.

En concreto, el partido de Albert Rivera plantea modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para incluir una cláusula que impida el requisito lingüístico en las comunidades con lengua propia y que esta, como ocurre ahora en la C. Valenciana, sea sólo un mérito. La iniciativa se ha redactado con el ojo puesto en Cataluña y Baleares, donde desde hace años es obligatorio acreditar la competencia lingüística. En Baleares estos días se ha generado una agria polémica a raiz del decreto que preparaba el Gobierno para extender la obligación de conocer el catalán al personal sanitario. El revuelo generado y la férrea oposición de Ciudadanos y el PP han acabado frenando la norma.

En Cataluña, la ofensiva del centroderecha por los asuntos lingüísticos es aún mayor. El Gobierno de Mariano Rajoy estudia incluso hacer valer el artículo 155 para acabar con la inmersión lingüística, de manera que se garantice el derecho de quienes quieren enseñanza en castellano para sus hijos.

En este contexto, las políticas del Consell en favor de promocionar el valenciano, y en concreto, la cuestión del requisito, han vuelto a la arena política. En la Comunitat Valenciana también Ciudadanos y el PPCV compiten por un mismo espacio. Los populares de Isabel Bonig tienen claro que para no perder su hegemonía deben evitar que Cs les ocupe el espacio. El valenciano ha sido siempre un terreno donde se han movido sin complejos y el discurso es claro: mérito sí, pero no requisito. En esta etapa, además, han centrado sus críticas en el supuesto proceso de catalanización que el Consell lleva a término en cuestiones lingüísticas. Ciudadanos también se ha sumado a esta batalla y los populares quieren cortarles el paso.

Ofensiva en las Corts

Esta semana el grupo popular en las Corts ha anunciado una iniciativa sobre la prohibición de requisitos lingüísticos excluyentes a los empleados públicos valencianos. Una medida que parece pensada para contrarrestar en el parlamento valenciano la propuesta de Ciudadanos

Se adelanta en meses un debate que tardará mucho en llegar a las Corts. La nueva ley de Función Pública, que regula el requisito aunque con excepciones para el personal médico, ha pasado por el pleno del Consell pero todavía está en fase de negociación con los sindicatos.

Por mucha prisa que el Consell se dé, difícilmente llegará al parlamento antes del verano. Además, aunque entrara en vigor, se abriría un plazo de seis meses para fijar la hoja de ruta del requisito. Transcurrido un año sin acuerdo, comenzaría a aplicarse automáticamente.

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