La Conselleria de Justicia aseguró ayer que estudiará si es posible reforzar el control de las entradas y salidas del funcionariado en las distintas conselleries, en especial, en la ciudad administrativa 9 d'Octubre donde hay instalado hace más de cinco años un moderno dispositivo de control que sólo funciona a efectos de seguridad. El departamento que dirige Gabriela Bravo tiene las competencias de supervisión del control horario de los empleados, si bien las fuentes de este departamento indicaron que los datos que proporcionan los tornos por donde entran los trabajadores están en poder de los servicios de seguridad y estos dependen de la Conselleria de Hacienda. Tal como informó Levante-EMV, un sencillo programa informático permitiría que esta información sobre quién entra y sale llegara a personal. Se evitaría así la picaresca de que, como se ha visto en la Ciudad de la Justicia, algunas personas entren en el edificio, fichen y se vayan.
La polémica estalló esta semana cuando cámaras ocultas de un programa de televisión ratificaron lo que ya siete años atras había denunciado este diario: funcionarios que fichaban a primera hora y luego se marchaban para atender cuestiones personales.
La posibilidad de entrar y salir sin control es una realidad en la ciudad administrativa donde trabajan más de 2.500 empleados y empledas, así como en otras conselleries. El personal demuestra que ha empezado su jornada arrancando el ordenador y entrando en una aplicación con su usuario y contraseña. Nada impide entrar varias veces y que unos fichen por otros.
El absentismo es una patata caliente para el Consell. El expresidente Alberto Fabra anunció que implantaría la huella digital para el 9 d'Octubre, pero las pegas jurídicas y las reticencias internas bloquearon el proyecto. El Consell tampoco parece tener ganas de entrar en un terreno pantanoso.
Actuar contra el fraude
El PP, ayer, a través de la diputada María José Ferrer, instó al Consell del Botànic a refozar las medidas de control y a actuar contra quienes burlan las normas.
Los principales sindicatos coincidieron en que los casos de absentismo son mínimos y lamentaron que el comportamiento de unos cuantos arruine la imagen del resto de funcionarios que tienen una importante carga de trabajo, a veces, sin tiempo para almorzar, según el responsable de Comisiones Obreras, Pepe Cloquell. Este respresentante sindical indicó que hay que apelar a la responsabilidad no sólo de los empleados públicos, si no también a quienes tienen la responsabilidad de controlar a sus inferiores, como es el caso de los jefes de servicio. En su opinión por muchos controles que se pongan, siempre habrá quien se los salte.
El representante de CC OO coincide con el de la FSP-UGT, Gonzalo Fernández, en que no hay ningún problema en aumentar el control y que la administración debe actuar contra quienes no cumplen las normas con aperturas de expedientes disciplinarios si es el caso. Fernández, con todo, alertó del riesgo de que se satanice a ese colectivo y advirtió de que gracias a los empleados públicos se han parado muchos desmanes de otros gobiernos.
Rafa Reig (Intersindical) lamentó también que se genere un clima de opinión contrario al colectivo por la actitud de unos cuantos. En su opinión el horario debe cumplirse y la administración ha de controlar las entradas y salidas. Hay quien no llega y hayquienes hacen de más, planteó. CSIF también puso en valor el trabajo de los empleados públicos que han garantizado en tiempos de crisis las prestaciones sociales e indicó que es el primer interesado en que se apliquen, llegado el caso, medidas disciplinarias.
