Las autonomías del norte, las de la llamada España vacía, volvieron a exhibir unidad ayer. Incluso más fuerza, al sumarse Aragón a Galicia, Asturias y Castilla y León, que son las que hasta ahora habían mantenido encuentros para defender una posición común en la reforma de la financiación autonómica.
Frente a este bloque en apariencia compacto queda el gobierno de la Comunitat Valenciana, que es el que con más fuerza ha exigido un nuevo modelo que repare la situación de infrafinanciación y compense parte de la deuda histórica (más de 20.000 millones).
Su posición, aseguran representantes del Consell, es compartida por otros territorios, si bien nunca han articulado una estrategia común, como si demuestran tener las comunidades de la España despoblada, que defienden que no se alteren los principios básicos (el llamado estatus quo) que han regido la financiación autonómica desde su puesta en funcionamiento.
La propuesta valenciana de nuevo sistema, asentada sobre la clave de la suficiencia financiera para los servicios básicos, cuenta con apoyos importantes en la comisión técnica que debate diferentes proyectos (el objetivo final de este grupo parece que está en el aire en estos momentos). Es lo que aseguran fuentes del Consell.
Sin embargo, prefieren no detallar qué territorios avalan el criterio valenciano para evitar posibles problemas internos en esas comunidades. Se sabe que Andalucía y Murcia tienen una situación financiera similar a la valenciana, por lo que los planteamientos de partida serían homologables. Alguna diferencia podría surgir en la restitución de la deuda.
El resultado, en definitiva, es que no existe una posición cohesionada frente a las comunidades del norte, que periódicamente exhiben unión, aún a pesar de ser de distinto color político (dos del PP y dos del PSOE), ante el Gobierno de Mariano Rajoy.
La posición valenciana es más solitaria además por el abandono de Cataluña del debate y el desinterés de Madrid, dos territorios de gran peso específico que podrían compartir al menos algunas de las reivindicaciones del Consell.
Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Javier Fernández (Asturias) y Javier Lambán (Aragón) firmaron ayer una declaración en León en la que instan a reformar ya el modelo de financiación. En eso hay coincidencia plena. Sin embargo, insistieron en el rechazo taxativo a una quita de la deuda de las infrafinanciadas.
«Cumplir no puede verse perjudicado», afirmó Núñez Feijóo. De lo contrario, añadió, según recogió Europa Press, se irá a un sistema en el que nadie cumplirá. El presidente gallego defendió la seriedad en la gestión, la coherencia y la unidad de las cuatro comunidades firmantes y calificó de injusto hacer causa general de los «desmanes» de unos pocos.
La Generalitat sostiene que el coste en la deuda del despilfarro lo asumirá, pero no el de la generada por una financiación insuficiente del Estado para pagar los servicios básicos: más de 20.000 millones de euros.
