El proyecto de ley de la Generalitat que regula los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida, uno de los compromisos de legislatura de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, inició ayer su recorrido parlamentario en las Corts, con el trámite de participación ciudadana y una decena de comparecencias.
La norma no incluye -porque no puede hacerlo ya que las Corts Valencianes no tienen competencia- la despenalización de la muerte asistida, sobre la que al principio de la legislatura la cámara valenciana ya se pronunció a favor e instó al Gobierno a reconocer a través de la la eutanasia y el suicidio asistido el derecho a la libre disposición de la propia vida en el proceso de la muerte.
No llega tan lejos la norma, pero sí incluye como gran novedad la denominada Planificación Anticipada de Decisiones (PAD). Se trata de un proceso voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz y el personal sanitario para plantear deseos y preferencias que el paciente quiera que se tengan en cuenta en los momentos finales de su vida.
Hasta ahora existían las últimas voluntades, pero suelen suscribirse a edades aún muy alejadas del final del vida y por tanto la voluntad final puede ser diferente.
En esa planificación se regula, por ejemplo, si el paciente quiere suspender procedimientos médicos, siempre en caso de situación irreversible y en aquellos casos en los que el desenlace sea inminente, pero que aún permita planificar días o semanas. Son por tanto decisiones que pueden ser cambiantes.
En caso de que el enfermo no pueda hacerlo, los familiares asumirían el papel. En ese pacto entre el enfermo y los profesionales, la persona en riesgo vital también puede decidir si el momento final de la vida se produce en un hospital o en su propio domicilio con el acompañamiento que desee, también psicológico o espiritual si es su deseo o el tratamiento sanitario adecuado para paliar el dolor. En el caso de elegir el hospital, la Administración está obligada a asignarle una habitación individual.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, en declaraciones a Levante-EMV, explicó ayer que el objetivo es mantener «la dignidad de la persona en los momentos finales, es decir que tenga autonomía y que sea el paciente el que decida qué se le hace y qué no y cuándo decide desistir de los tratamientos en el caso de situaciones irreversibles y esto lo articulamos como un derecho para los valencianos», remarcó la consellera.
Es en ese momento final cuando el paciente tiene derecho a decidir no ser sometido a una intervención o a un tratamiento porque ya no va a cambiar su situación como ocurre, por ejemplo, en procesos oncológicos.
La C. Valenciana estaba descolgada
Montón asegura que la Comunitat Valenciana se había quedado descolgada en esta cuestión porque ya hay ocho autonomías de diferentes signos políticos que la regulan, aunque apunta que los fundamentos jurídicos de la norma valenciana son más sólidos.
La consellera de Sanidad añade que otra de las novedades es la posibilidad de decidir que los últimos días se pasen en el propio domicilio y en este caso la Administración estará obligada a mantener el acompañamiento sanitario que se precise en el propio hogar y como novedad también el apoyo espiritual y psicológico, también para la familia, en el domicilio. Y la norma da seguridad jurídica a los profesionales para evitar casos como el del doctor Montes en Madrid.
