El juzgado de lo Penal número 1 de Elx ha condenado con sentencia firme a I. M. R. por un delito de intrusismo tras la celebración del juicio oral solicitado por el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana (ICOFCV), como acusación particular, y por el Ministerio Fiscal en septiembre de 2015.

El juez ha considerado al acusado penalmente responsable del delito de intrusismo consumado de acuerdo al artículo 403.2 del Código Penal y ha establecido una pena de multa, con una cuota diaria de 5 euros, sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, conforme a lo previsto en el artículo 53 del Código Penal. Asimismo, se ha decretado el cese de la actividad y cierre del local.

Tras las pruebas aportadas se ha declarado probado que en el establecimiento abierto al público, un centro de terapias naturales, el condenado realizaba actos sanitarios consistentes en masajes terapéuticos y técnicas osteopáticas propias de los profesionales sanitarios fisioterapeutas. Prácticas que hacía a sabiendas de que no estaba facultado para ello, ya que no dispone del título de grado universitario de Fisioterapeuta, el cual le capacita tanto técnica como legalmente. El acusado sólo disponía de simples diplomas de academias no regladas que ofertan cursos de “quiromasaje”.

Esta es la segunda sentencia en firme que consigue el Colegio en este ámbito, ya que en diciembre de 2017, el juzgado de lo Penal de Castelló también condenó por el mismo delito a dos pseudoprofesionales que ejercían en la capital de La Plana.

El nuevo decano del Colegio de Fisioterapeutas, José Casaña, subraya la importancia de estas condenas, a las que califica de “buen precedente” ya que “los jueces valoran que lo que está en juego es la salud de los ciudadanos, y que solo los profesionales sanitarios garantizan el derecho fundamental al acceso a una sanidad con plenas garantías".

El asesor jurídico del Colegio de Fisioterapeutas, Santiago Sevilla, recalca que hay más causas similares abiertas y pone de relieve que “estos pseudoprofesionales ponen en grave peligro la salud de los usuarios, que reciben los servicios como presuntamente sanitarios cuando en realidad no lo son. Por ello, tenemos que seguir trabajando en esta línea”.