El pleno de las Corts aprobó ayer con los votos de Podemos, PSPV, Compromís y la abstención de Ciudadanos, crear un grupo de trabajo en la Conselleria de Sanidad para evaluar la gestión de la derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada con el objetivo de dar solución a los problemas que se pudieran detectar. El PP votó en contra de la iniciativa alegando que esa barriobajera.
La proposición también recoge constituir un grupo de trabajo en Sanidad para determinar los errores en la gestión de los casos vinculados a Dagda Platinium SL, mercantil que facturó 7,2 millones de euros por las intervenciones que el exjefe de Neurorradiología Intervencionista del Hospital General de Alicante, entre 2006 y hasta 2013, realizó al derivar pacientes para operar al centro privado, Medimar. El coste de las intervenciones lo facturó esta empresa de la que era apoderada su hija.
De igual modo, la propuesta aprobada insta a continuar realizando el seguimiento de la derivación de pacientes desde el sistema sanitario público al privado, según el protocolo de la Conselleria de Sanidad; que se garantice el seguimiento por equipos multidisciplinares de cada caso; asegurar los procedimientos adecuados para que toda intervención y prueba realizada a pacientes derivados sea adjuntada en la historia clínica pública, así como insta al Gobierno a proporcionar «una financiación justa» que garantice su suficiencia financiera.
También, propone aumentar la inversión en autoconcierto sanitario para reducir las listas de espera. Para ello, indica que se potenciará la actividad de los centros sanitarios en horarios de tarde, adecuando recursos para mejorar el rendimiento de la red sanitaria pública.
En su intervención, la diputada de Compromís, Marian Campello, lamentó lo sucedido en estas derivaciones en Alicante y acusó a este facultativo de hacer «negocio» con «la pesadilla» que estaban viviendo varios pacientes.
El parlamentario de Podemos Daniel Geffner consideró que hay que prestar más atención no solo a que las derivaciones sean correctas, sino «que no sean perjudiciales para las personas». Geffner señaló que el objetivo del texto es reforzar la seguridad del paciente y evitar que se realicen pruebas innecesarias que pueden, a su vez, suponer un coste innecesario para la sanidad.
Ignacio Subías del PSPV defendió que la derivación a centros privados se debe hacer con controles y en caso de observarse errores «actuar y tomar las medidas pertinente». También insistió en la necesidad de una mejor financiación que mejore la prestación de los servicios públicos.
Juan José Zaplana, del PP, sentenció que los partidos que respaldan al Consell «utilizan exclusivamente a las personas para hacer política de la manera más cutre y vil» sin ofrecer soluciones reales a los problemas de la gente.
