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Hoja de ruta

Bonig tiene un plan para desatascar València

La previsible apertura de juicio oral a los concejales imputados es el inicio de una hoja de ruta que incluye echar a los concejales y formar un grupo de confianza en torno a Monzó

Bonig tiene un plan para desatascar València

Recuperar el control del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València y, en términos generales, de la estrategia de oposición es una vieja aspiración de la cúpula regional, si bien el plan que Isabel Bonig tiene en la cabeza no ha podido ponerse en práctica todavía.

Se encuentra en barbecho en espera de una decisión judicial. Hasta ahora, desatascar València, una de las plazas claves para la remontada electoral, no ha sido posible, básicamente por el conflicto personal y político que se vive en un grupo en el que todos sus miembros, excepto el portavoz Eusebio Monzó, están imputados en la pieza del caso Taula que investiga el presunto pitufeo (blanqueo en pequeñas cantidades) y un supuesto delito electoral.

El magistrado del juzgado de Instrucción 18 de València, Víctor Gómez Saval, decidió en agosto de 2017 prorrogar la investigación once meses más, por lo que la fecha tope para la previsible apertura de juicio oral será en julio de este año.

Fue un revés para la hoja de ruta de Bonig, para quien el punto de partida es que los concejales imputados (el antiguo equipo de Rita Barberá) dejen de sentarse en los escaños del grupo y poder así formar un equipo de confianza (con nuevos concejales y asesores) con el que impulsar la oposición al tripartito sin el estigma de la corrupción.

El plan de Bonig debió arrancar hace mucho, prácticamente con la constitución de la gestora. La presidenta del PPCV optó por la mano dura y quiso forzar la expulsión de los ediles imputados. Sin embargo, su intención de quitarles definitivamente el carné del partido topó con una dirección nacional del PP timorata y condicionada por el hecho de que la exalcaldesa Barberá y en ese momento senadora podía acabar corriendo la misma suerte.

Génova asumió la resolución del expediente disciplinario y también, que no movería ficha hasta que no hubiera auto de procesamiento. Un revés para Bonig, que tuvo que aplazar sus planes.

En este tiempo, la gestora que preside Luis Santamaría ha trabajado como ha podido en los barrios y ha tratado de resetear los distritos. Sin embargo, el partido sigue siendo un foco de conflictos con rencillas personales enquistadas. La muerte de Barberá en noviembre de 2016 fue otro golpe para la dirección regional, que entendió que debía seguir esperando para coger el timón.

El fallecimiento de la exalcaldesa podría haber precipitado los hechos. Con Barberá fuera del expediente, no existían ya razones para que el comité nacional de derechos y garantías resolviera. Según ha podido saber este diario, hubo un intento por parte de Génova de devolver la patata caliente al PPCV.

Las mismas fuentes apuntan que Bonig se plantó, ya que entendió que, tras haber sido desautorizada en su momento, una nueva petición del acta, para ser efectiva y no cuestionada internamente, debía venir directamente bendecida por Rajoy. La espera debía prolongarse, pero el tiempo empieza a agotarse y Bonig ve más cerca la posibilidad de trabajar con libertad en València.

Salvo sorpresas, el calendario judicial está marcado de rojo en julio. La dirección regional cuenta con que a partir de ese momento (siempre con la hipótesis de que haya un auto de apertura de juicio oral), Génova cumpla lo acordado y dé portazo a los concejales. En ese momento, el particular procés de Bonig para València se activaría, si bien algunas cuestiones necesitan paradójicamente de la complicidad del alcalde, Joan Ribó.

Los populares de Bonig confían en que, al ser expulsados del partido, el grupo imputado que hasta ahora se ha mantenido unido se agriete. El peor de los escenarios sería que la presión no hiciera mella y todos se pasarán en bloque al grupo de los no adscritos.

En ese caso, el síndic Eusebio Monzó se quedaría como único concejal, pero podría contar con un pequeño equipo de asesores para, en lo poco que queda de legislatura, relanzar el grupo. Bonig no sólo confía en desactivar a los concejales (muy críticos con ella) sino también al grueso de los asesores. Y en los no adscritos no hay cabida para personal eventual.

Por otro lado, con el sumario abierto, Ribó podría ejercitar las acciones contra esos asesores (el nombramiento depende de él) que los juzgados frustraron en marzo de 2016. Ribó quiso entonces suspenderlos de empleo y sueldo.

En el mejor de los escenarios, el grueso de los ediles dejaría el escaño, lo que permitiría la entrada de nuevos concejales. Esta ruta tiene también peros ya que en la lista también hay imputados. Vicente Aleixandre, es el primero. El PP espera que deje correr la lista.

En ese personal de confianza habría una persona clave para Bonig: Juan Giner, miembro de la gestora del PP. Giner trabaja en la Diputación de Alicante como funcionario, pero en verano habría consolidado grado y podría mudarse al ayuntamiento como secretario del grupo.

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