El exconseller Rafael Blasco y otros 23 acusados calentarán en unos meses banquillo, acusados de formar una organización criminal ideada para desviar las ayudas a la Cooperación que concedía la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía -después Solidaridad y Ciudadanía-. La titular del Juzgado de Instrucción 21, Nieves Molina, dictó ayer auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso y al que sólo le sucederán los escritos de defensa previos a que se conozca en qué sección de la Audiencia de València se juzgará la segunda fase de este nuevo «Caso Blasco».
Cuatro millones de euros, según cálculos de la Coordinadora valenciana de ONGD o 5.082.756.38 euros, según la Abogacía de la Generalitat Un dinero que se debería haber destinado a crear escuelas, luchar contra el sida en África o construir un hospital en Haití acabó, en parte, en cuentas bancarias de Miami, en sobres entregados en las Corts, en pisos y un yate adquiridos por la trama, como ha relatado Levante-EMV desde el 8 de octubre de 2010, cuando estalló el escándalo.Levante-EMV
Por ello, la jueza del Caso Blasco acusa al siete veces conseller de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y asociación ilícita u organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción pide para el exsíndic popular que inició su carrera política en el PSPV un total de dieciséis años de cárcel. Además le exige el pago de una multa de 8,2 millones, como responsabilidad civil subsidiaria.
Una suerte similar correrá la guardia pretoriana de Rafael Blasco durante sus años como «honorable conseller». El peor parado es Marc Llinares, el exjefe de área de Cooperación, absuelto en el primer juicio, y ahora el único técnico de la conselleria al que se le acusa de formar parte de la organización criminal. Llinares suma a los delitos que también se le imputan a su jefe, el de cohecho, por lo que la Fiscalía Anticorrupción pide para él 16 años de cárcel y el pago de 8 millones en concepto de multa y responsabilidad civil.
El exdirector general de Cooperación, Josep Maria Felip, que fue absuelto por el Supremo en la primera pieza, se enfrenta a siete años y medio de cárcel que reclama el Ministerio Público para él, así como el pago de 991.000 euros.
Los otros diez acusados de formar parte de la asociación ilícita (del total de 24 acusados) son el empresario Augusto César Tauroni, que precisamente hoy finiquita sus primeros seis años de condena y a quien la jueza sólo exige comparecer en el juzgado y entregar su pasaporte. Anticorrupción pide para él 21 años de cárcel por los mismos delitos de los que se acusa a Blasco, al que suma el de blanqueo de capitales. La jueza acuerda en este auto el decomiso de los pisos, el yate y las cuentas que el empresario Tauroni tiene en Miami, además del pago de 1.728.000 euros.
