Las irregularidades en la adjudicación de contratos durante la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006, han salpicado casi doce años después del evento al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el expresidente de la Corts, Juan Cotino, y al obispo auxiliar de València, Esteban Escudero. Junto a ellos también serán citados a declarar en breve como investigados otros cinco miembros de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF): el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos; el representante legal y la secretaria general de la fundación, Francisco Javier Jiménez y Henar Molinero; y dos miembros del patronato: el secretario del arzobispado, Antonio Corbí, y el exconcejal del Ayuntamiento de València Enrique Pérez Boada, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).
En esta misma causa también serán citados a declarar los dos exdirectores de la empresa pública Vaersa Felipe Espinosa y Enrique Simón, ya que durante la investigación del caso Vaersa (con varios condenas) se descubrió el pago de presuntas mordidas a través de la fundación de la visita del Papa.
Las supuesta malversación en la visita del Papa se investiga desde 2016, por orden de la Audiencia Nacional. Durante la instrucción de la pieza separada del caso Gürtel (a punto de juzgarse) que investigó el pago de 3 millones en mordidas en la adjudicación del contrato de las pantallas del evento, el titular del juzgado central de Instrucción 5, José de la Mata, detectó tantas irregularidades que remitió una pieza separada a los juzgados de València. A estas diligencias se sumaron los correos hallados durante las investigaciones de Vaersa.
La FVEMF era una fundación sin ánimo de lucro constituida por la Generalitat, la diputación, el ayuntamiento y el Arzobispado de València. La junta rectora la conformaban Francisco Camps, Rita Barberá, Víctor Campos y el fallecido arzobispo Agustín García-Gasco.
La «transmisión de la fe en las familias» fue el leit motiv del encuentro, celebrado en València el 8 y 9 de julio de 2006, que generó una factura de 22,2 millones de euros. La cita logró autofinanciarse en un 70-80%, según defienden los organizadores. Aunque la opacidad que ha rodeado a las cuentas durante todos estos años no ha hecho más que aumentar las sospechas de que «la familia» fue la excusa para llenar algunos bolsillos a costa del evento eclesiástico.
El informe de la Intervención de la Generalitat sobre la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, realizado en enero de 2016, también dió alas a la investigación. Los interventores detectaron numerosas anomalías en los contratos realizados para el evento como «irregularidades en los principios de contabilidad», «incertidumbre por contingencia fiscal (deuda con Hacienda)», «incumplimientos de los principios de legalidad de la Ley de Contratos del Sector Público en las contrataciones realizadas», así como en la ley de Fundaciones.
Y eso que los auditores sólo pudieron analizar las cuentas entre 2010 y 2014 de la FVEMF. Del resto de años (desde 2005 cuando se creó hasta 2009) «no se facilitó información alguna», ni tampoco consta a los auditores «la existencia de contratos», según informó Levante-EMV el 10 de junio de 2016.
El TSJCV informó ayer que el juzgado ha dado traslado de la denuncia de la Fiscalía a las diez personas cuya declaración ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción. «La instructora les ha comunicado la existencia del procedimiento para que puedan personarse y tener conocimiento de las diligencias», según informaron fuentes oficiales del alto tribunal. Algunos de los investigados no habían recibido ayer la información a la que aludía el TSJCV.
La magistrada ha dictado la práctica de diligencias que le solicitaba la Fiscalía Anticorrupción y ha «encargado informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones». Y citará a los diez investigados «cuando reciba y estudie los informes y la documentación requerida y haya oído a los testigos».
